(El Mercurio) La fiscalía, a través de la Unidad de Cooperación Internacional (Uciex) del Ministerio Público, solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos los respaldos de la cuenta de correo electrónico Gmail de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).
La diligencia se realizó en el marco de la investigación del fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, y la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, por presunto cohecho y soborno a raíz del aporte económico que habrían hecho las pesqueras a campañas de congresistas con el fin de aprobar la Ley de Pesca. Esta arista surgió del caso Corpesca.
«Se pudo establecer comunicaciones con representantes de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) referidas a la tramitación de la Ley de Pesca, en las que se hace mención a las gestiones de otros parlamentarios, incluidos representantes de la región del Biobío, zona en que se emplazan las empresas que integran la asociación gremial», dice la presentación enviada a Estados Unidos.
Los fiscales requieren del respaldo o registro de la cuenta correoasipes@gmail.com, de todos los contactos, mensajes enviados, recibidos e eliminados -a través de esa casilla- entre enero de 2009 y septiembre de 2016. También solicitan a la empresa proveedora Google Inc. copia de la libreta de direcciones de contactos.
Los fiscales, además, ordenaron la incautación de los «dispositivos informáticos y respaldo de casillas de correos electrónicos» del computador institucional del ex subsecretario de Pesca y Acuicultura Raúl Súnico, quien renunció el 21 de enero de 2017. La Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó a dependencias de su ex oficina, donde además incautó el celular que usó en ese cargo.
Otra de las diligencias realizadas por los fiscales fue el envío de un oficio al ex presidente del Senado Ricardo Lagos Weber para obtener los antecedentes generados durante la tramitación y aprobación de la Ley de Pesca.
Le solicitan el proyecto que ingresó al Senado, las actas y grabaciones de las comisiones. Además de documentos, resúmenes o minutas remitidas por el subsecretario de dicha comisión al presidente de la misma. «El texto íntegro de todas las indicaciones emanadas de los senadores. Actas de las sesiones del Senado en que se haya discutido y aprobado el referido proyecto. El texto final despachado al Senado una vez aprobado y todos los antecedentes relativos al mencionado proyecto», dice el oficio.
La fiscalía requirió también que se informe en qué período la senadora Jacqueline van Rysselbergue fue integrante y presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado. Además, el registro de asistencia de las sesiones de dicha comisión, las identidades de los asesores y su respectiva asistencia e informes elaborados por ellos, desde el comienzo de su período como congresista hasta la fecha.
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