Greenpeace: «Solo un estudio determinará las causas de la marea roja»

May 4, 2016

Consejera política de la ONG insiste en la necesidad de investigaciones para confirmar un posible nexo con las prácticas de la industria del salmón.

(Sputnik Nóvosti) Es necesario realizar un estudio en profundidad para determinar qué provocó la presencia de la microalga tóxica Alexandrium catenella que ha causado la muerte de cientos de toneladas de peces y mariscos en el sur de Chile, manifestó una experta de Greenpeace en ese país.

«Por ahora todo son especulaciones, no tenemos un estudio que avale qué fue lo que produjo esas muertes», puntualizó Elizabeth Soto, consejera política de Greenpeace en Chile, en referencia a las declaraciones de los pescadores artesanales de la Provincia de Chiloé que vincularon la marea roja (algas nocivas) a los desechos industriales que vierten las empresas salmonicultoras.

Los desechos industriales «podrían haber incrementado la cantidad de nutrientes en el agua, y eso puede haber ayudado a disminuir el oxígeno en la columna de agua, pues son condiciones que hacen que proliferen esas algas nocivas», opinó Soto a la agencia de noticias Sputnik Nóvosti.

Sin embargo, la experta insistió en la necesidad de investigaciones para confirmar un posible nexo con las prácticas de la industria del salmón. «Solo un estudio determinará las causas de la marea roja», enfatizó la representante de la organización no gubernamental (ONG) ecologista.

Las autoridades han sostenido que la presencia de esta toxina «tiene que ver con el fenómeno climático de El Niño y eso también conlleva a una reducción de oxígeno en la columna de agua, que prolifera en estas algas», añadió la bióloga marina a Sputnik Nóvosti.

El Gobierno de Chile, en tanto, decretó Zona de Catástrofe, prevista en la Constitución, que permite adoptar medidas especiales para restablecer la normalidad en el área afectada, como restringir libertades de movilización y reunión, limitar el ejercicio del derecho de propiedad y requisar bienes.

Además, faculta a las autoridades a ordenar reservas o acopio de alimentos o bienes y mercancías para la subsistencia de la población, condonar deudas y proteger servicios de utilidad pública.

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