A continuación reproducimos la editorial de La Prensa Austral publicada en la edición de este miércoles 20 de julio, donde se repasan dos de los hechos que han marcado la agenda informativa de la salmonicultura en Magallanes:
«Un arduo e interesante debate se registró en la víspera al interior del Consejo Regional (Core) en torno a un proyecto acuícola presentado por una de las empresas que están operando en la zona y que está siendo analizado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La iniciativa se relaciona con la instalación de un centro de engorda de salmones en la bahía Beaufort, en el sector de las islas Wollaston. Luego de un intercambio de pareceres de una hora, el Core entregó su venia.
En forma casi simultánea, se conoció que la dirección del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) debió iniciar una investigación ante el escape de salmones de un centro de cultivo de otra empresa del rubro ubicado en el sector de la isla Capitán Aracena.
Según informó Sernapesca, se trataría de alrededor de 100.000 peces los que, producto del mal tiempo, habrían escapado de tres de las veinte jaulas que constituyen el complejo productivo. Sin embargo, lo anterior fue corregido durante la tarde por la empresa Nova Austral, reduciendo las pérdidas en 10.000 unidades.
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Ambas noticias, si bien corresponden a distintas salmonicultoras y no tienen directa relación, permiten retomar el debate sobre la marcha de esta industria en Magallanes y sobre los resguardos que se deben tomar en términos medioambientales y también considerando las variables climáticas -como el calentamiento global- y las particulares condiciones de la zona, en que temporales de viento y marejadas pueden afectar la marcha normal de los centros de cultivos instalados.
Así como el debate registrado al interior del Core llevó a plantear cuán vigente está la estrategia de desarrollo regional y cuán actualizada está la legislación que regula a este subsector, también surge la inquietud sobre la capacidad que tiene la propia industria y los organismos fiscalizadores de actuar con premura y operar en forma efectiva los planes de contingencia.
Igualmente y más allá de las críticas que apuntan al desfase de las normas que tiene la acuicultura, es relevante considerar la real capacidad de los servicios regionales de fiscalizar en forma oportuna el cumplimiento de la legislación vigente, cuestión que también salió a la palestra en el debate del Core».
Para ver este texto en su fuente original del diario La Prensa Austral, haga clic aquí.