Meses de incertidumbre llevan pescadores artesanales bentónicos de Quellón, provincia de Chiloé, en la región de Los Lagos, debido a los sucesivos traspiés que han sufrido este año durante las negociaciones con sus pares de Melinka para trabajar en zonas contiguas de la región de Aysén, en el marco de la ley que permite negociar a artesanales de una misma pesquería el trasladarse de una región a otra para la extracción de los recursos.
Y es que tras las sucesivas negociaciones, sumado a esta última semana de movilizaciones y acercamientos fallidos entre las partes, los pescadores artesanales de Quellón han decidido evaluar aceptar las condiciones impuestas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) a fin de comprometer las voluntades políticas de parte del Ejecutivo y los legisladores, para trabajar en conjunto la ley bentónica que -según dicen- reconozca el derecho histórico de los pescadores de Quellón a operar en la región de Aysén.
Para el presidente del Sindicato N°1 de Pescadores Artesanales de Quellón y director de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Marcos Salas, es necesario trabajar para conseguir una zona contigua definitiva para el sector bentónico, que entregue tranquilidad laboral y económica a los pescadores artesanales que han extraído sus recursos en los lugares que hoy deben negociar cada tres años.
«El bloqueo a la naviera y la negativa de comprar productos provenientes desde la región vecina de Aysén fueron medidas de presión que tuvimos que adoptar para alcanzar acuerdos y como hasta la fecha no lo hemos conseguido, hemos contemplado seguir trabajando pero, esta vez, en soluciones definitivas», enfatizó el dirigente.
Para Salas, lo importante es que se avance en los problemas de fondo que han arrastrado este conflicto durante años y entregar «soluciones reales y definitivas» que permitan a las mujeres y hombres de mar definir planes de manejo sostenidos en el tiempo, «de modo que la Subpesca no deba intervenir aceptando unilateralmente la posición de solo una de las partes, y donde el Estado debe pagar montos millonarios para conseguir que podamos operar en lugares donde hemos realizado nuestra actividad desde siempre», concluyó el dirigente.