(Pulso) El presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte (Aspinor), Arturo Natho, junto a su par de la Asociación de Armadores e Industriales Pesqueros del Norte, Marcos Gómez, se reunieron en noviembre con la intendenta de la Región de Tarapacá, Claudia Rojas, para explicarle la compleja situación por la que atraviesa la pesca por la caída en los desembarques, situación que, aseveran, se ve agravada por la pesada mochila tributaria que cargan. De hecho, la carga impositiva que debe enfrentar la pesca industrial fue justamente un aspecto clave sostenido en el diálogo con la autoridad.
Según consigna el acta de la reunión -hecha pública a través del Portal de Ley de Lobby-, en la audiencia los solicitantes plantearon a la autoridad que «la ley de pesca chilena es la que tiene las tasas de impuestos más altas en el mundo».
Fuentes conocedoras de la industria explican que, además del pago de patentes, las compañías deben cancelar el royalty de pesca, que también es alto en comparación con otros países con tradición pesquera. Y por si fuera poco, la industria debe asumir el costo del 50% del posicionador satelital, a lo que se suma la certificación de las descargas.
Todos cargos que son mirados con recelo por los gremios pesqueros a nivel nacional.
Los mayores cuestionamientos, entre las grandes pesqueras, apuntan a que el monto recaudado por el pago de patentes para el fortalecimiento del sistema de cuotas individual debiera ir a financiar investigación y control para que justamente las cuotas se cumplan y no sean sobrepasadas.
Desde el Gobierno responden que el Estado es quien fomenta con mayores fondos la investigación. Situación que no es válida para la industria, pues «no se trata de una discrepancia de quién proporciona más fondos».
Tan complejo sería el panorama para las grandes pesqueras del norte, que los asistentes a la cita explicaron que durante el tercer trimestre las pérdidas de la empresa Corpesca -ligada al Grupo Angelini- ascendieron a US$48 millones, en tanto las pérdidas de Camanchaca -relacionada con los empresarios Francisco Cifuentes Correa y Jorge Fernández- alcanzaron a US$15 millones.
En la reunión tanto Natho como Gómez argumentaron, sin embargo, que más allá de ese nivel de pérdidas, ambas compañías han seguido adelante con un plan de investigación y desarrollo (I+D) para la pesca.
«Comunican también que ellos invierten casi $70.000 millones tanto en gestión como en investigación, a través del Instituto CIAM (Centro de Investigación Aplicada del Mar)», consignó el acta de registro de la cita.
Estudio
En los próximos días, el ex representante de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Raúl Sáez, junto a la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) darán a conocer un informe comparativo del pago tributario de cada uno de sus socios.
El informe revelaría ciertas características singulares que se ven en Chile, como, por ejemplo, el pago de un royalty, ya que en todos los demás países se pagan impuestos solo de acuerdo con los desembarques.
Esto último ha generado una mayor complicación si se considera que las pesqueras del norte, por el fenómeno de El Niño, han presentado una menor cifra de desembarque que la que se le asignara, pero deben pagar por el 100% de la cuota, como si la hubiera pescado.
El royalty es un impuesto a todo evento y que se debe efectuar por adelantado. Una serie de características que desde la industria buscan modificar, pero que obligaría a un acuerdo con el Gobierno.
Las patentes se cancelan por la inscripción del barco, independiente del uso.
Fuentes ligadas a la industria pesquera sostienen que Corpesca ha resultado fuertemente afectada por la carga tributaria. De hecho, a fines de 2016 la pesquera ligada al Grupo Angelini terminará pagando alrededor de $3.000 millones en impuestos. Y la situación puede ser más compleja aún. Esto, porque debido a un artículo transitorio, el próximo año aumentará la carga impositiva debido a una serie de modificaciones en las ecuaciones derivadas de la ley de pesca. ¿El efecto? Corpesca podría pagar más de $5.000 millones, dicen fuentes cercanas.
Esto último en un contexto complejo dada la caída en los desembarques.
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