sosteComo un “gran golpe a la pesca ilegal”, calificó el presidente de la Asociación Gremial de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, la fiscalización y decomiso que en los últimos días ha llevado a cabo el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en la Ruta 5 Sur y la Ruta del Itata.
Han sido un total de 14 toneladas de merluza decomisadas, de las cuales 11,5 toneladas se interceptaron en la madrugada de este martes 12 de agosto en camiones que se movían por la Ruta 5 Sur, provenientes de caletas de la Región del Maule. El resto de la carga había sido incautada el sábado en la carretera del Itata en la Región del Biobío.
La Asipes destacó la labor que está desarrollando el Sernapesca y respaldó el rotundo rechazo que José Miguel Burgos, director nacional de la entidad pública, manifiesta hacia la pesca «negra».
“Estamos muy de acuerdo y ratificamos que la gran amenaza de la merluza en nuestro país es la pesca ilegal y su comercialización. Es lo que siempre hemos argumentado. Rechazamos esta práctica y nos tranquiliza que el Sernapesca esté desarrollando estos operativos para desmantelar estas verdaderas mafias que operan en las caletas y que, si no se detienen, llevarán al colapso total del recurso”, enfatizó Luis Felipe Moncada.
El Sernapesca se encuentra realizando un plan especial de fiscalización de la merluza debido a que se considera un recurso crítico considerado en estado de alto riesgo. Hace un mes, según información proporcionada por la misma entidad, se realizaron otros dos decomisos de 1,5 toneladas en la Vega Monumental de Concepción (Región del Biobío), y otras 5 toneladas en Valparaíso (Región de Valparaíso), con pesca también proveniente de caletas pesqueras de la Región del Maule.
En nuestro país se estima que la pesca ilegal de merluza común es tres veces la cuota que le corresponde al rubro artesanal legalmente al año, es decir, si a ese sector le corresponden 7.600 toneladas al año, ilegalmente se capturarían 22.800 toneladas, lo que supera la cuota global nacional de pesca (19.000 toneladas para 2014).
Junto con los efectos negativos para la sostenibilidad del recurso, los industriales pesqueros estiman que esta actividad ilegal, concentrada principalmente en las regiones de O’Higgins y del Maule, genera unos US$30 millones en utilidades para quienes se dedican a este negocio. «Lo anterior se traduce en un daño al sistema tributario chileno, originado en la pesca ilegal, debido a la evasión de millonarios montos en impuestos que no son pagados por quienes operan bajo estas condiciones», enfatizó la Asipes en un comunicado de prensa.
Añaden que la pesca ilegal genera también un «tremendo problema sanitario, pues estas capturas no cuentan con trazabilidad sobre su origen calidad, transporte y conservación, lo que es un riesgo para la población que consume estos alimentos del mar».
«Esta práctica atenta directamente contra la sostenibilidad del recurso, puesto que se está capturando por sobre su rendimiento máximo sostenible, resultando de esto un potencial colapso de la pesquería ya que la actividad ilegal estaría afectando fuertemente la recuperación de esta, sin respetar sus tallas y cuotas. En el fondo, se genera un grave perjuicio para el sector pesquero formal –artesanal e industrial- que desarrolla una actividad regulada y cuyo objetivo es la preservación de recursos renovables», concluyó la Asipes.