(Pulso) Las dificultades por las que atraviesa la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) parecieran estar lejos de terminar. Luego de la salida de Raúl Súnico por la publicación de CIPER con los correos intercambiados con la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), nuevos antecedentes darían cuenta de conflictos que se han producido al interior del organismo.
Durante 2016, cuando Súnico estaba a la cabeza de la Subpesca, Contraloría efectuó una investigación para determinar la veracidad y la debida justificación de las transacciones que realizó la Subsecretaría, en el contexto de las ayudas entregadas –con cargo al Fondo de Administración Pesquero (FAP)- a pescadores artesanales afectados por las marejadas y el terremoto/tsunami entre agosto y septiembre de 2015. Además, la entidad fiscalizadora realizó un examen de cuentas al trato directo aprobado mediante una resolución del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) que se adoptó para ir en ayuda de los perjudicados (W 635 de 2015), inserto en el «Programa de Evaluación y Reposición de Unidades de Pesca Afectadas por el Temporal de Agosto de 2015», también ejecutado por el FAP.
Según expone el dictamen publicado a fines de diciembre, tras examinar la información entregada por la Subsecretaría, se advirtieron una serie de deficiencias, en la contabilidad y la administración de la cartera.
Seis puntos críticos
El primer reparo de Contraloría sostiene que la Subpesca no ingresó al «Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades» los recursos transferidos a la Asociación Gremial de Pescadores y Buzos de Peñuelas, por lo que esta no rindió cuentas de esos fondos a Subpesca. Por ello, el órgano contralor solicitó un procedimiento para determinar las responsabilidades.
El segundo aspecto se refiere al trato directo que suscribió la Subpesca con la empresa Acuitechno, que implicó un pago en exceso de $4,7 millones. La gravedad de esto, según Contraloría, es que no existía justificación para ese proceder. En consideración a la seriedad que reviste esta situación, el organismo requirió que la Subpesca deberá incluir este ítem en el proceso disciplinario e informarle el resultado –al igual que los otros puntos objetados- en un plazo no superior a 60 días hábiles, «bajo apercibimiento de formularse el respectivo reparo por la suma de $4.779.002», anotó la Contraloría.
Una tercera arista apunta a las transferencias de fondos realizadas a gremios de Tongoy y Coquimbo, y de facturas que no detallan lo adquirido por esa última asociación y por la «Federación de Sindicatos de Pescadores Artesanales y Buzos de la Región de Coquimbo», por lo que no es posible comprobar la pertinencia de esos desembolsos, nuevamente transgrediendo la norma, dice la Contraloría.
En cuarto lugar, se anotó que no consta que la gremial de pescadores independientes de Tongoy haya distribuido la ayuda entre 26 beneficiarios de recursos. A este se suma la no rendición de cuenta de $31.500.000, entregados por la Subpesca a la Asociación de Pescadores y Buzos de Peñuelas. Como sexto punto se agrega la reparación a cuenta de la Subpesca de la embarcación «El Tole», que se encontraba con el permiso para operar caducado.
Otras fallas detectadas se refieren a la deficiencia en la rendición de cuentas; la doble jefatura de un funcionario en el departamento administrativo de la Subpesca y en la Unidad de presupuesto, con atribuciones de control y registro de transacciones; la no entrega de información íntegra para la auditoría; y descoordinación de catastros con el Sernapesca.
Pulso dijo haber intentado obtener una versión, tanto del ex subsecretario Raúl Súnico como de la Subpesca, pero no recibió respuesta.