La Sociedad Nacional de Pesquería de Perú (SNP) valoró la disposición de la ministra de la Producción, Rocío Barrios, a dialogar con los distintos gremios y revisar el proyecto de su portafolio sobre los derechos de pesca de anchoveta.
En ese marco, la presidenta de la SNP, Elena Conterno, sostuvo que las diferentes propuestas presentadas por dicha cartera de Estado evidencian que no se habían tomado en cuenta los costos reales que tiene la industria, según la información auditada que ha sido entregada al Ministerio de la Producción (Produce) y que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) puede validar.
«Hemos alcanzado dos nuevos informes al ministerio para que puedan realizar un mejor análisis, tanto desde el punto de vista económico como legal», comunicó la gremialista.
Argumentó que un estudio de Macroconsult sobre la propuesta de derechos de pesca prepublicada señala que el Produce debe utilizar los costos reales de la industria y realizar los ajustes necesarios para que no se apruebe una medida confiscatoria y discriminatoria.
«Se aprecia una subestimación de costos al contrastar los insumos del modelo con la información financiera proporcionada por las empresas del sector», aseguró Conterno.
A su vez, dijo que sugiere que se debe aplicar al derecho de pesca un porcentaje de renta económica igual que en el resto de pesquerías, y no uno mayor, como lo han planteado en la segunda propuesta.
«La propuesta debe tomar escenarios más conservadores de pesca en los próximos años dados los riesgos climatológicos que ya se aprecian actualmente y la sensibilidad de los resultados financieros respecto a los desembarques futuros», sostiene el informe que es citado por la SNP.
Por su parte, el abogado Jorge Danos del Estudio Echecopar expresó que calcular el derecho de pesca en función al valor FOB (del inglés Free On Board, «Libre a bordo, puerto de carga convenido») de la harina de pescado implica desconocer su carácter de contraprestación económica no tributaria que se paga al Estado por el uso o aprovechamiento de un recurso natural hidrobiológico.
«Al tomar en cuenta como base de cálculo el valor de la harina, que es un producto procesado e industrializado y no la tonelada métrica extraída de anchoveta, se desnaturaliza el alcance legal», aseguró, añadiendo que la «regulación propuesta no respeta el test de proporcionalidad, y por lo tanto de aprobarse como está planteada sería una medida inconstitucional».