(La Tercera) «En consecuencia, corresponde que la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) aplique la sanción que en derecho proceda, esto es, la cancelación de la inscripción en el Registro de Matrícula de las naves infractoras».
Esta es una de las determinaciones que aluden a la Armada (institución de quien depende Directemar) y que están contenidas en un dictamen de la Contraloría General de la República, informado también a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, emitido el pasado 27 de abril.
Parece un detalle particular. Sin embargo, la resolución administrativa es parte de un litigio mayor, actualmente en desarrollo, y que involucra a la institución naval y a un grupo de empresas navieras en el sur.
Los wellboats
Los barcos llamados wellboats son verdaderas piscinas flotantes, en los cuales se mueven salmones vivos, desde las zonas de cultivo a las plantas faenadoras u otros puntos de la cadena.
El caso en cuestión data de 2014, cuando Naviera Orca S.A., junto a otras cinco empresas de wellboats que operan en la región de Los Lagos hacia el sur, denunciaron a la Directemar que otro privado supuestamente operaba de forma irregular en este rubro, por ser una empresa de capitales noruegos.
La legislación chilena (Decreto Ley 2.222) establece que en el país el tráfico marítimo con transporte de carga -es decir, el cabotaje- está reservado solo para las naves chilenas, propiedad de nacionales. Y su fiscalización, como todo lo relacionado con la marina mercante, corresponde a la Armada, a través de la Directemar.
En el reciente dictamen de Contraloría consta que en noviembre de 2014 comenzó a instruirse una investigación sumaria, conducida por fiscales navales de las gobernaciones marítimas de Puerto Montt, Punta Arenas, Aysén y Castro, que luego se acumularon en una sola investigación, «que se resolvió por la Directemar el 9 de agosto de 2016, ratificada el 23 de septiembre de 2016».
Esta indagatoria finalmente consideró una multa a la firma cuestionada, pero no canceló las patentes de sus barcos, según lo propuso el fiscal marítimo y como lo pedían los denunciantes, argumentando que la empresa era de capitales chilenos. El problema, según el reclamo del gremio de la zona, fue que en enero de 2015, mientras se desarrollaba la investigación, el 51% de las acciones de esta firma fueron vendidas a su gerente, de nacionalidad chilena.
Según el dictamen de Contraloría, aunque la empresa propietaria de las naves haya cambiado de nacionalidad, eso no altera la infracción denunciada y cometida mientras la restricción se encontraba vigente.
«La autoridad se encontraba en el imperativo de aplicar al infractor la sanción que el ordenamiento jurídico ha previsto, sin que resultara procedente disponer otra medida. En consecuencia, corresponde que la Directemar aplique la sanción que en derecho proceda, esto es, la cancelación de la inscripción en el Registro de Matrícula de las naves infractoras», dice el dictamen.
La Contraloría también determinó que la repartición naval instruya una investigación interna (que sea informada a la propia entidad fiscalizadora) respecto de que cuando se autorizó el zarpe de las naves extranjeras «se debió fiscalizar qué tipo de carga transportaban». Incluso, se hizo mención a la «excesiva demora» de la investigación administrativa marítima del caso, ya que partió en 2014 y terminó en septiembre de 2016.
Consultada por la actuación de Directemar, en Naviera Orca, que realizó la presentación ante la Contraloría, se sostuvo que «nuestra empresa hará uso de todos los medios que le asiste la ley para corregir esta situación, abiertamente ilegal y que no solo perjudica nuestra posición, sino la de toda la industria nacional de wellboats».
En Armasur, asociación gremial que incluye a los wellboats, su gerente, Manuel Bagnara, comentó que «como organización gremial, donde participan las empresas nacionales de wellboats, apoyamos todas las acciones que emprendan nuestros asociados, tendientes al debido cumplimiento del marco legal que nos rige».
Armada de Chile
En la Armada, el capitán de navío Leonardo Chávez, director de Comunicaciones, informó que «la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante decidió no acoger la proposición de sanción formulada por el respectivo fiscal marítimo, de cancelación de matrícula, dado que dicha sanción, por su naturaleza, no resulta procedente respecto de empresas chilenas, calidad que a la fecha de la resolución de la investigación tenía la denunciada”.
Añadió que, «en su lugar, se aplicó una multa en dinero por infringir la restricción operativa que, en su momento, se impuso a sus naves. En la actualidad, la solicitud de Naviera Orca, en el sentido de caducar la matrícula de la nave, se encuentra pendiente de resolución ante la Contraloría, en virtud de un recurso de reconsideración interpuesto por la citada Dirección General».
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