Juan Montenegro, quien es presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), escribió una columna de opinión para referirse a las cuotas de captura y a la pesca ilegal. A continuación la reproducimos íntegramente:
«Hemos visto una campaña de Gobierno contra de la pesca ilegal. Si bien respaldamos la iniciativa, hay que tener claro que para la recuperación de los recursos pesqueros hay que anular la ley de pesca y las atribuciones administrativas que esta ha normado.
Respecto de la merluza común, se ha tendido a desviar la atención sobre la responsabilidad del Gobierno y del Estado, por una mala administración en la fijación de cuotas mayores a las recomendadas por los comités científico técnicos (CCT). Este año el CCT (“IT04-2016 CCT-RDZCS de noviembre 2016”) recomendó que la cuota de merluza debía ser de 20.000 toneladas (t), pero la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) la fijó un 25% superior.
En 2014, que fijaba los montos del año siguiente, la recomendación era entre 18.400 y 23.000 t. En cambio, la autoridad administrativa entregó una cuota 74% más alta (Informe Técnico N°232/2014).
¿Qué paso el 2016? Los técnicos sugerían cuota entre 18.400 y 23.000 t. Subpesca fijo el valor máximo, pero no tomó en consideración que el CCT indicaba que se debía disminuir la cuota si no había señal de recuperación de la biomasa (IT N°237/2015).
Rechazo todo tipo de pesca y procesamiento de recursos pesqueros ilegal, tanto la captura desde el sector artesanal como industrial (ejemplo, harina de pescado ilegal), y todas las acciones de descarte y captura de ejemplares juveniles, temas donde la autoridad también ha mantenido una mano blanda».