Después de la entrega del análisis de la Ley de Pesca efectuada al Gobierno por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) valoró que «se reconozca que la Ley de Pesca chilena es un documento elaborado bajo criterio científico en el que prima el espíritu de conservación del patrimonio pesquero de nuestro país».
Presione aquí para conocer y descargar el informe
En esa línea, la jefa de Sustentabilidad del gremio, Macarena Cepeda, puntualizó que la conservación de la actividad en el tiempo debe ser la «preocupación esencial» de todos quienes trabajan en el mar, porque de esto también depende la estructura económica que surge a su alero.
«Destacamos el llamado al diálogo hacia los distintos actores vinculados a la actividad pesquera efectuado por la Presidencia (de la República, Michelle Bachelet) y el Ministerio de Economía, que busca dar a conocer y analizar el informe con cada uno de ellos», subrayó la representante de la Asipes.
Mayor fiscalización
En relación con la pesca ilegal, el informe estipula que es uno los principales flagelos que hoy afecta la conservación de los recursos; y sugiere desarrollar una política de combate que tenga una visión de conjunto de los esfuerzos que se realizan en el área y que incluya diagnóstico, implementación, monitoreo y evaluación periódica de medidas aplicadas en este ámbito.
«Esperamos que dentro de los caminos propuestos sea posible dotar al Servicio Nacional de Pesca y Acuicutura (Sernapesca) de mayores atribuciones para la fiscalización y control de prácticas delictivas, que además de causar un tremendo perjuicio económico al país atenta contra el trabajo de pescadores honestos, daña la recuperación de las especies patrimoniales y obstaculiza el camino hacia la sustentabilidad pesquera», complementó Macarena Cepeda.
Condiciones laborales
Por otro lado, el reporte de la FAO incorpora un capítulo sobre las condiciones laborales de los trabajadores del sector industrial, del que -según la Asipes- dependen 36.000 puestos de trabajo directos, de los cuales 8.000 se concentran en la Región del Biobío.
«Aquí opera una flota de 40 barcos que abastecen las 22 plantas de proceso, que requiere de estabilidad y protección para continuar aportando decisivamente a la economía de las regiones y comunas donde está instalada», comentó Macarena Cepeda, recordando que el organismo de Naciones Unidas sugiere reconocer la actividad pesquera como una labor de trabajo de alto riesgo.
Sonapesca
Por su parte, el presidente de Sonapesca, Osciel Velásquez, sostuvo a El Mercurio que «es un muy buen informe, que cubrió cosas que no todo el mundo pensaba. La FAO nos ha demostrado que el cambio climático, la categorización de algunos sectores, los pueblos originarios son temas relevantes».
El trabajo del organismo internacional propuso que la asignación de derechos a la pesca industrial tenga «aceptabilidad política», abordando de forma tangencial uno de los aspectos más polémicos ligados a la actual normativa. Hoy los permisos se otorgan a 20 años plazo, renovables por igual lapso, pero el gobierno pretende poner fin a la renovación automática.
Velásquez sostuvo que «la FAO le da un reconocimiento a los derechos históricos» de los actores que operan en el sector. En especial, indicó, tras conocer que el informe plantea cuidar los derechos de pueblos originarios.
Al respecto, el documento propone «reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios a los recursos pesqueros, incluido su manejo y conservación, así como fomentar su participación en el ámbito pesquero, sin detrimento de los derechos que legalmente corresponden a otros usuarios».
El presidente de Sonapesca señaló que «hoy estamos en un mundo de igualdad de derechos, entonces por qué a un sector sí y a otro no». El representante de la industria agregó que «si se reconocen los derechos históricos de nuestros antepasados, también están los derechos históricos de nosotros».
Velásquez también destacó la alusión al combate a la pesca ilegal que realizó la FAO. «Nosotros nos sumamos a esto, pues es muy difícil tener una pesca sustentable si no amarramos a la ilegalidad». El representante gremial espera que el gobierno converse con todos los sectores sobre los efectos del informe en la Ley y también de las medidas que pretende tomar derivadas de la mesa de trabajo con parlamentarios.