Casi una decena de puntos tiene el informe preparado por el Comité Técnico de Apoyo que generó la comisión que investiga las actuales políticas públicas del sector portuario y los roles de los organismos públicos vinculados al proceso.
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De acuerdo con lo explicado por el diputado Marcelo Díaz (PS), presidente de la instancia congresista, el Comité Técnico, que incluye a representantes públicos y privados, trabajó en paralelo mientras la comisión realizaba sesiones para recibir audiencias.
«Es una modalidad que ha sido bien útil y pertinente para el trabajo de la comisión porque siempre planteamos que el propósito 
de esta comisión investigadora era poder concluir en una suerte de anteproyecto de ley general de puertos para Chile, por tanto, es clave que el resultado de esta comisión lo reciba el proyecto y ojalá lo convierta en ese proyecto de ley que es tan necesaria para actualizar toda nuestra normativa», remarcó.
Evaluación del Comité Técnico de Apoyo
En la última sesión de la instancia, el Comité presentó un listado de propuestas, las que se dividen en mejoras en la planificación, relaciones con la ciudad puerto, sostenibilidad integral y modernización laboral, logística y tecnológica.
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En términos generales, se planteó que los puertos se encuentran cerrando un ciclo de desarrollo y expansión de infraestructura portuaria, que mejoró la eficiencia y triplicó la transferencia de carga, convirtiendo a Chile en el más fuerte de la costa oeste de Sudamérica.
Sin embargo, actualmente, hay un estancamiento de la capacidad y eficiencia logística alcanzada, pues el escenario mundial también se transformó, expresándose, por ejemplo, en el aumento del tamaño de las naves, que necesitan mayores muelles de atraque, mejor eficiencia de la cadena logística, nuevas tecnologías, nuevos sistemas de información. Todo esto a la par de nuevos paradigmas sociales, ambientales, nuevos estándares laborales y nuevos actores en la costa oeste que exigen mayor competitividad.
A todo esto, se suma la ineficiencia en la coordinación entre las múltiples entidades estatales que intervienen en la regulación y fiscalización. Por lo que coinciden en la necesidad de implementar una nueva institucionalidad que se haga cargo.
Propuestas para el informe de la comisión
Uno de los puntos que se destacó en la exposición en la comisión tiene que ver con la necesidad de avanzar en la modernización digital, pues las empresas no estarían invirtiendo más de un 5% en este ámbito.
“Este es un tema que está siendo analizado, hoy tenemos experiencias que se nos plantearon, de puertos internacionales, especialmente el de Barcelona. Algunos han avanzado en el puerto de Iquique, pero claramente aún estamos en pañales, necesitamos que el Estado lo potencie”, subrayó el diputado Renzo Trisotti (UDI).
“Sin embargo, necesitamos un equilibrio en no perder puestos de trabajo o poder cambiar las funciones del personal, pero claramente las tecnologías permiten tener procesos mucho más eficientes”, reflexionó el diputado, pues de acuerdo con lo señalado en la instancia, de implementarse esta modernización, cerca de un 46% de los puestos de trabajo portuario se verían afectados.
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Otro aspecto del que sin duda es necesario hacerse cargo, de acuerdo con lo expresado en la propuesta del Comité, tiene que ver con la forma en que los planes de desarrollo de las empresas portuarias se coordinan no solo entre ellas a lo largo del país y la costa sudamericana, sino que hacia la ciudad en la que están instalados.
“Los puertos van creciendo, pero están encerrados en la ciudad, entonces no tienen espacio, afectan medioambientalmente, por lo accesos. En fin, hay una serie de factores que recaen en la ciudad y que hace necesario avanzar a un plan común entre la ciudad y los puertos para mitigar esos efectos y para evitar que haya mayores efectos negativos sobre la ciudad”, detalló Andrés Pascal, integrante del Comité Técnico de Apoyo.
En esta materia, una de las propuestas que nace del diálogo con asociaciones portuarias, es que los importadores y exportadores, dejando fuera el cabotaje, paguen un impuesto municipal de tres dólares por tonelada transferida.
Donde no hubo consenso en el Comité fue en que el 50% del canon de arriendo de los frentes de atraque vaya a los municipios.
Todas estas materias deberán ser analizadas por quienes integran la comisión para definir qué es lo que se incluirá como conclusiones y recomendaciones del informe de la instancia.
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*Fuente de la foto destacada (de contexto): Directemar.