Desde que comenzó la pandemia, las y los pescadores han visto fuertemente mermados sus ingresos producto de la baja sustancial en las ventas de productos del mar, sumado a que la mayoría de los hombres y mujeres de mar superan un rango de edad que no les ha permitido trabajar, «y donde la autoridad pesquera ha hecho caso omiso a todas las necesidades evidenciadas para sobrellevar de mejor forma el paso de la crisis sanitaria».
Así lo manifestó César Jorquera, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente (región del Biobío) y director de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), quien afirmó que «la situación se ha agravado sustancialmente debido a que el Gobierno no ha hecho nada. Estamos más pobres que antes, eso sí ha variado».
De acuerdo con el dirigente, desde fines de agosto los altos gastos de servicios básicos, personal administrativo, de seguridad, servicios de aseo, arriendo a las empresas portuarias, además de los gastos para proveer de kits de sanitización y seguridad para pescadores y pescadoras, ha empeorado la situación para las organizaciones que administran los puertos.
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«Se ha agravado la situación porque finalmente no ha habido apoyo del Gobierno, no se ha activado la economía ni la actividad pesquera en general. A lo anterior, hay que agregar que la baja en la actividad pesquera se ha reducido a 
niveles mínimos y el futuro no se ve nada prometedor», enfatizó Jorquera, argumentando que si bien queda un saldo de la cuota de sardina, la actividad quedará prontamente paralizada hasta abril, lo que provocará -según dijo- una crisis mucho más profunda de no mediar apoyo del Ejecutivo.
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Lo mismo expresó Sergio Guerrero, director del Sindicato N°1 de Pescadores Artesanales de Arica (región de Arica y 
Parinacota) y director de la Conapach, quien sostuvo que el problema más grande que existe en el puerto pesquero de la ciudad fronteriza es la prolongada cuarenta, hasta ahora indefinida, lo que no permite una reactivación económica del rubro.
«Son los pescadores artesanales de consumo humano los más perjudicados porque están sobreviviendo en condiciones deplorables al no tener demanda de sus productos», subrayó Guerrero, llamando la atención especialmente de los pescadores adultos mayores que superan el 60% en la caleta y cuyas pensiones no superan los 110 mil pesos.
«Cada vez se hace más crítica la situación y el Gobierno Regional se limita a poner énfasis en la acuicultura, que aquí no se da mucho, y en implementación de caletas, cuyo ítem no podemos postular por no tener concesión ni comodato», adujo el dirigente, agregando que lo que hace falta son convenios con municipalidades para proveer de productos frescos a ollas comunes, juntas de vecinos y centros de adultos mayores, de modo de abrir nuevos y mejores canales de comercialización.
Por su parte, Fabián Salazar, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Caldera (región de Atacama) y también director de la Conapach, coincidió en que la ayuda del Gobierno «no ha sido de ningún tipo».
«No se han inyectado recursos al Indespa (Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal), un organismo creado para ir en ayuda del sector pesquero artesanal y que hasta la fecha no ha funcionado porque no cuenta con recursos frescos y en el cual se están activando proyectos aprobados hace tres años, por lo que necesitamos con urgencia que el Gobierno se pronuncie», ahondó Salazar.
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En la misma línea, José Alvarado, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Hualaihué (región de Los Lagos) y 
director de la Conapach, puntualizó que la autoridad pesquera debería proveer de recursos a las caletas de todo Chile, «ya sea para apoyar en materia de seguridad sanitaria y sus implementos, así como asegurar el financiamiento de las caletas, porque la pandemia ha golpeado fuerte a la mayoría de ellas y hasta el momento ha sido cero el aporte que el Gobierno ha dado al sector».
A su turno, Juan García, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Anahuac y de la Cooperativa de Pescadores de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, expresó que desde agosto, fecha en la cual fue consultado por el estado financiero del puerto pesquero que administra, «nada ha pasado respecto a los apoyos económicos esperados por parte del Gobierno, ni para la cobertura de insumos básicos ni la creación de programas públicos para pymes (pequeñas y medianas empresas), lo que vuelve la situación muy complicada».
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El dirigente enfatizó además que la misma situación están viviendo las caletas de Dalcahue, Calbuco y Carelmapu, y que aunque se ha logrado retomar las actividades pesqueras parcialmente, «aún no se puede levantar la economía ni recuperar los canales de comercialización que existían antes», por lo que considera que la suspensión de la cuarentena es una decisión que debería tomarse por parte de las autoridades, «especialmente porque no han tenido resultados en evitar la propagación de la enfermedad y solo ha producido desgaste, estrés y cosas negativas en la población».
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Para finalizar, el presidente de la Conapach, Óscar Espinoza, sostuvo que la realidad de la pesca artesanal y de las
caletas «empeoró de manera rápida, entre estallido social y Covid». Y añadió: «El nulo apoyo del Gobierno a las organizaciones de bases que administran sus respectivas caletas y puertos de desembarque es evidente, la situación empeora por la baja en la comercialización. Las prolongadas marejadas que golpean la costa, la baja de cuotas en algunas pesquerías y la poca flexibilidad administrativa no nos auspicia un futuro muy alentador».
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«Necesitamos con urgencia que el ministro de Economía, hasta que tengamos un Ministerio del Mar, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura) e Indespa, desarrollen de manera conjunta con la pesca artesanal un programa de apoyo directo a las caletas de pescadores. No hablamos de bonos, no hablamos de infraestructura, hablamos de apoyo social directo a las organizaciones sindicales de pesca que tienen elevados gastos en administración, traducidos en sueldos, vigilancia, insumos, plantas de procesos, etcétera. En definitiva, lo que buscamos es evidenciar los problemas reales de costos de funcionamientos y apoyar en estos difíciles momentos que viven día a día las y los pescadores de nuestro país».
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*La foto destacada es de contexto.