
cabotaje

miércoles 27 de septiembre, 2023
La mesa negociadora tiene poco menos de 15 días para alcanzar un acuerdo, el cual, de no existir, provocaría la huelga de los trabajadores, lo que dejaría fuera de navegación a una flota cercana a las 30 naves que desarrollan cabotaje en las regiones del sur-austral.
El gremio puertomontino confirmó liderazgo de Orlando Almonacid, definió respaldar a tripulantes frente a la aplicación de cursos OMI y reiteró la necesidad de separar aguas con navegación de ultramar a través de una reglamentación moderna.
Los oficiales mercantes, por su parte, solicitan el aplazamiento de los cursos obligatorios hasta el 1 de diciembre de 2018.
Los oficiales de la marina mercante solicitan el aplazamiento de los cursos obligatorios hasta el 1 de diciembre de 2018.
La anunciada movilización de los marinos mercantes desde el 1 de junio podría detener gran parte de la actividad naviera en la zona sur-austral, con impacto significativo en rubros como la salmonicultura y el traslado de pasajeros.
La Autoridad Marítima está exigiendo a los oficiales y tripulantes de la marina mercante la realización de cinco cursos obligatorios que tendrían un valor de más de $1 millón.
La autoridad marítima emitió una resolución con nuevos requisitos para oficiales de puente y de máquinas.
La principal problemática a la que se ve enfrentada la Región de Los Lagos, es que actualmente no existen instancias regionales de coordinación y colaboración en torno a las oportunidades logísticas del sector exportador.
La entidad argumenta que de ingresar empresas foráneas a realizar cabotaje en Chile, en el mediano plazo las firmas nacionales optarían por cambiar de bandera y contratar tripulaciones extranjeras, porque serían más económicas.
Tanto la Cosatram como la CUT Llanquihue aseguraron que el hundimiento de la barcaza «Valentina», que ha cobrado la vida de cuatro personas y la desaparición de otra, presentaba deficiencias estructurales y de implementos de seguridad; responsabilidad que, a juicio de los dirigentes, no solo recae en la empresa prestadora de servicios y en la contratante, sino también en los entes de fiscalización, como la Armada y la Dirección del Trabajo.