El riesgo de que la dotación de la flota pesquera industrial chilena se reduzca a la mitad de las actuales 12.000 personas aproximadamente, con lo que alrededor de 6.000 trabajadores quedarían cesantes, advirtieron los trabajadores del rubro embarcado de la región del Biobío.
De acuerdo con lo sostenido por los dirigentes, la pesca es una de las áreas que contribuye al crecimiento de 0,1% a nivel nacional y el aumento del desempleo se proyecta que alcanzará a 7% en los próximos meses.
La situación derivaría con la aplicación del STCW78/95 Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, y una sola de las medidas que contiene, específicamente la de cambios radicales en los cursos exigidos para desempeñarse en la flota, provocó, hace unos días, un conflicto entre los marinos mercantes y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar).
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Los dirigentes de los embarcados de la flota pesquera están trabajando para conseguir acuerdos que no les provoquen problemas mayores, en relación a la obligación de los cursos, pero estos, según los dirigentes, son la «punta del iceberg» de normas que ya comenzaron a exigirse.
Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresa de Capitanes; Hugo Roa del Sindicato Interempresa de Tripulantes; y el presidente del Sindicato Interempresa de Motoristas, Eric Riffo, han planteado su preocupación a la subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, porque a su juicio es el Gobierno el que debe asumir la problemática.
Juan Carlos González
El convenio lo impone, en la práctica, la Directemar en base a un documento de la Organización Marítima Internacional (OMI) y normas del Tratado de Manila, todo suscrito hace años por el Estado. Estas consideran una modificación en la forma, cantidad y rigurosidad de los exámenes médicos: serán cada dos años, no cinco como era hasta ahora, y a la luz de los parámetros de estado de salud y capacidades físicas que se exigirán los dirigentes dicen estar «prácticamente ciertos» que los hombres de 50 o 55 años de edad no serán reconocidos como aptos.
González, Roa y Riffo explicaron que de ninguna manera se oponen a que haya controles médicos estrictos, que reconocen que el trabajo que realizan es pesado y no debería ejercerse más de 25 años según reglas internacionales y consideraciones de respeto a los derechos fundamentales de las personas; pero que el Estado debe asumir la situación, porque se tratará de hombres de 50 años que quedarán de un día para otro cesantes, sin suficientes cotizaciones para jubilar ni posibilidad real de encontrar empleo.
Hugo Roa
Todo hombre embarcado en la flota pesquera industrial mayor a 50 o 55 años de edad y que ha trabajado incluso 35 años, en ocasiones, advirtieron, presenta algún grado de deterioro en su salud y las estrictas normas que se le aplicarán para renovar vigencia le sacarán del sistema.
En relación a los cursos, dijeron que les obligan a repetir capacitaciones, alargan otras y se agregan nuevas. En esta línea, se preguntaron «¿qué pasa si nos quedamos todos en tierra y vamos a estudiar para cumplir? Y, además, nos exigen que se revise la forma porque tal como está se obliga a los trabajadores a pagar una suerte de impuesto al trabajo al tener que asistir a capacitaciones de muy alto costo, muchas veces más caras que el valor de la hora académica de la carrera de más alto precio de la mejor universidad de Chile».
Eric Riffo
Para cerrar, los dirigentes reiteraron que no se oponen ni rechazan medidas para mejorar las condiciones de trabajo, pero que habrá un costo social que el Estado, que está obligando a acatarlas, debe asumir.