«Que Chile tenga un Ministerio del Mar es imprescindible y urgente», subrayaron en un comunicado trabajadores industriales pesqueros que este miércoles 21 de junio han participado del seminario titulado «¿Es necesario un Ministerio del Mar para Chile?», desarrollado en la Biblioteca del Congreso Nacional.
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Los embarcados, a través de dirigentes de los motoristas como Fernando Merino; de capitanes representados por Óscar Alvear; y tripulantes encabezados por Hugo Roa, coinciden en que un Ministerio del Mar, como una instancia distinta a lo que existe desde la perspectiva institucional, podría abordar en forma integral temáticas pesqueras, de transporte, reglamentos y otros.
«Chile tiene una presencia gigantesca en el Pacífico y que no tenga Ministerio del Mar impide satisfacer la demanda que generan los sectores que en torno al mar se desarrollan», subrayaron los dirigentes en el comunicado conjunto que fue firmado por la entidad Embarcados de Chile, donde añadieron que la institucionalidad «actual tiene serias debilidades».
En esa línea, plantean que una de las ventajas sería incorporar la participación de todos los actores del sector en la toma de decisiones, que hoy, según acusan, son de «absoluta potestad» de la Dirección General del Territorio Marítimo y Martina Mercante (Directemar), lo que ha acarreado problemas a los trabajadores.
«Lo que la autoridad marítima determina es incuestionable y creemos que un Ministerio del Mar daría espacio a lo que actualmente es legítimo y la sociedad entera demanda: participación y transparencia. Es que las atribuciones privativas de la Directemar provocan impactos cuestionables y negativos que el sector ha planteado, en ocasiones anteriores, al Congreso. Un dato: la entrega de matrículas de embarco es de exclusividad de esa autoridad, siendo calificador y certificador, lo que parece al menos discutible», sostienen los dirigentes de la pesca industrial.
Cuestionamientos a la autoridad marítima
Paralelamente, recordaron la puesta en marcha de cursos obligatorios que en el caso del 2.07 o reglamento del simulador se debe estudiar en el Centro de Instrucción y Capacitación Marítima (Cimar) y a su Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) le generaría cerca de $6.000 millones en ganancias. Es un solo curso de varios y los embarcados se preguntan porqué debe rendirse allí si los elementos (simulador) están en algunas universidades.
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«Lo central es que se trata de un convenio inconsulto, no socializado y que debe ser de costo de los trabajadores. No basta con que nuestra educación, nuestra salud, nuestro sistema de pensiones sea financiado por nosotros mismos, sino que además debemos pagar un impuesto al trabajo. Por esto creemos que un Ministerio del Mar vendría a aclarar, ordenar, definir de manera integral estas y otras temáticas», opinaron.
Denunciaron otros ejemplos de potestad de la autoridad marítima, como que en el norte del país operan en pesca barcos que se usaron hace 20 años en el área centro-sur y aparecen bajo la categoría de «automatizados» para que el empleador o la empresa disminuya el número de trabajadores a bordo.
«En el caso del Convenio Internacional Enmienda de Manila –motivo de controversia actual por los cursos obligatorios de la Directemar- no se le preguntó a nadie, ni a trabajadores, ni empresas, ni siquiera otras instituciones del Estado sobre qué se iba a aprobar ni bajo qué fundamentos se presentaban determinados reglamentos ante la Organización Marítima Internacional (OMI). Tampoco se ha querido ni siquiera abrir un espacio de debate para perfeccionar la directiva 11-011 del Reglamento de Dotaciones a Bordo. Mientras que tampoco dieron visto bueno a la aprobación del Convenio Internacional 188 que indica que las dotaciones se consensúen, como se hace en todo el mundo, entre Gobierno, trabajadores y empresas», concluyeron los representantes de Embarcados de Chile.