Ayer martes 24 de noviembre, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, por 81 votos a favor, 46 en contra y doce abstenciones, el proyecto (boletín 10527) que declara «insaneablemente nula» la norma vigente que vino a reformar la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), contenida en la Ley N°18.892 y sus modificaciones.
La propuesta, que fue devuelta a comisiones al ser objeto de indicaciones, impugna en lo particular la Ley N°20.657, que modifica el citado cuerpo legal en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización.
El texto detalla que, durante la tramitación de la citada Ley 20.657, entre los años 2011 y 2013, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, la pesca artesanal y comunidades indígenas cuestionaron su contenido y manifestaron que atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios.
A lo anterior, explica la normativa, se sumó la manifiesta presión indebida sobre congresistas ejercida por distintos grupos económicos de la pesca industrial que buscaban beneficiarse con las modificaciones propuestas por esta legislación.
Por dichos argumentos, la moción sostiene que la Ley de Pesca debe ser declarada nula, porque en el proceso de discusión congresista se vulneró el principio constitucional de probidad. De acuerdo con lo expresado, en su elaboración intervinieron legisladores que tenían, a esa fecha, intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni, menos aún, que se inhabilitaran en la votación.
Por otra parte, se precisa que es un hecho público y notorio que actores particulares de la industria financiaron irregularmente a algunos congresistas mientras se discutía la ley. Este principio, entendido como la preeminencia del interés general por sobre el particular, es aplicable por mandato de la propia Constitución a todas las personas que son titulares de funciones públicas, por lo que quedan incluidos los senadores y diputados.
Debate
Tras la rendición de los informes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, por parte de los diputados Hugo Gutiérrez (PC) y Luis Rocafull (PS), respectivamente, se inició el debate en el que, las y los legisladores a favor de la nulidad centraron su postura en remarcar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de la Ley de Pesca, junto con rechazar «los argumentos y las campañas del terror» que se plantean por eliminar la normativa.
Desde dicha postura, se realizaron consecutivos llamados a anular la denominada «Ley Longueira», criticando también el actuar del Congreso de la época en el debate de una normativa que, según enfatizaron, contribuyó a desprestigiar la política.
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Por su parte, los diputados que manifestaron su rechazo a la nulidad plantearon que la moción podría traer «caos» al actual sistema, por lo que estimaron pertinente avanzar en la línea de modificar la actual normativa y no perjudicar a los sectores más pobres, partiendo de cero.
En dicho escenario, adujeron que aprobar el proyecto sería un error para un sector que «da empleo», al tiempo que dejar de lado los avances que se han generado en materia ambiental sería «lamentable», producto de una «mala política».
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Por otro lado, consideraron que este tipo de acciones no está dentro de las atribuciones legislativas del Congreso Nacional.
Reserva de constitucionalidad
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Fomento y Turismo (Minecon), Lucas Palacios, tomó parte del debate y enumeró las consecuencias -a juicio del Gobierno- de la nulidad de la normativa, sosteniendo que ello solo empeora las cosas. «Es un autogol completo», puntualizó el titular del Minecon.
La autoridad, que llamó a rechazar el proyecto y avanzar en modificaciones, expresó que la moción busca borrar jurídicamente la Ley de Pesca, invalidando, así, los efectos administrativos, contractuales y legales que esta norma haya generado y retrotrayendo la situación jurídica al momento previo a su promulgación.
En tanto, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo que el texto legal infringe la Constitución y solicitó reserva de constitucionalidad. «No existe la potestad expresa para efectos que el legislador pueda declarar la nulidad de una ley», remarcó ante la Sala.
Igualmente, expresó que «aprobar una ley que anula una anterior, sería un gravísimo precedente, porque podría venir una seguidilla de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho y a cuestionar lo que el Congreso ha hecho por el país».