La pesca industrial de la zona centro-sur emitió un comunicado de prensa para sostener que el avance en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que anula la actual Ley de Pesca es «condenar a una decena de comunas del país que dependen de esta actividad a una situación dramática, debido a que ningún sector productivo puede operar sin un marco regulatorio que lo rija y menos con reglas y normativas de hace 30 años. Esto, porque al anularse la actual legislación comenzaría a regir la Ley de Pesca de 1991».
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«Hoy la actividad pesquera industrial, productora de alimentos, literalmente está sosteniendo el empleo y los ingresos de miles de familias a lo largo de Chile, empleando los servicios de cientos de pequeñas y medianas empresas y recibiendo materia prima de una enorme cantidad de proveedores de la pesca artesanal, pero dejarnos sin leyes que nos rijan es imposibilitarnos de operar», manifestó la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda Godoy (en la foto destacada).
La ejecutiva le pidió al Congreso retomar el proceso de reformas y mejoras que se está tramitando actualmente en el Senado y dejar de lado una iniciativa que -según afirmó- será una «catástrofe» para esta actividad productiva. «En el caso hipotético de la anulación de la actual Ley de Pesca significaría volver al cuerpo legal anterior, es decir a la Ley General de Pesca de 1991, borrando todos los avances que ha tenido el desarrollo pesquero nacional en materias de sustentabilidad, ordenamiento y manejo de recursos naturales, generando un desmedro tanto para el sector artesanal como industrial», puntualizó.
Luego, comentó que «no puede ser un triunfo para nadie el avanzar en desmantelar la institucionalidad por la vía de proyectos que no existen en la legislación chilena». Por lo anterior, a su juicio, «lo que ocurra con la Ley de Pesca terminará sucediendo en el breve plazo con otros cuerpos legales. Sería un error pensar que esto es solo una acción legislativa que se encapsulará en pesca, por el contrario, es el primer paso para, probablemente, hacerse extensivas a otros sectores económicos. Esto es de la mayor gravedad», añadió.
Para cerrar, dijo que la anulación de la actual Ley de Pesca «y el consiguiente retroceso de 30 años en manejo pesquero, hará desaparecer los comités científicos-técnicos que definen bajo parámetros de sustentabilidad las cuotas de pesca, también eliminará los comités de manejo que son órganos consultivos de la autoridad pesquera integrados por representantes sectoriales y que definen objetivos y lineamientos de administración de esos recursos. También se elimina el carácter indefinido y heredable de los derechos de pesca artesanal, así como la protección a la primera milla, actualmente exclusiva para la pesca artesanal. Es decir, problemas gravísimos desde el punto de vista de la administración pesquera y de la protección de los recursos pesqueros alcanzado por Chile en las últimas tres décadas», concluyó la gremialista.
Capitanes
Por su parte, Juan Carlos González, quien es el presidente del Sindicato de Oficiales de Naves Especiales (capitanes) con base en Talcahuano, región del Biobío, manifestó que «como hombres de mar, que hemos dedicado una vida de sacrificio a levantar la economía del país desde el mar, vemos con pesar y preocupación que somos invisibles ante los legisladores».
«Expresamos -agregó- profundo abatimiento frente a un Poder Legislativo populista, demagogo, irresponsable e ignorante porque así lo expusieron muchos de sus argumentos y la iniciativa. La estabilidad laboral y el respeto por nosotros como trabajadores no fue suficiente argumento ni razón para detener su acción desmedida e irracional que solo busca validación de sus patrimonios personales, como figuras políticas. Lo colectivo, el bien común, no les importan. Les es prioridad mantener el escaño político, y el costo lo pagarán otros», adujo el dirigente industrial.