Preocupación manifestaron los dirigentes de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) por el proyecto que modifica la Ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que regula el contrato a la parte suscrito entre el armador y la tripulación para la jornada de pesca, por considerar que es una iniciativa ambigua, que no considera las particularidades, variables y riesgos de una actividad productiva desarrollada en el mar, sobre todo ahora que está afectada por bajas cuotas.
La moción, rescatada de los archivos del año 2012 por legisladores de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados y discutido en sesión de esta semana, aparece en la actualidad -según la Conapach- como una «medida inapropiada y fuera de tiempo, tanto para pescadores artesanales como para parte de quienes asintieron en su revisión», aún cuando coinciden que, en el fondo, lo que falta es un marco legal que considere la previsión social para los trabajadores de la pesca artesanal.
Forma de asociación
El contrato o sociedad a la parte se define en la ley de la siguiente manera: «Forma de asociación destinada a la realización de actividades extractivas que considera el aporte de socios en embarcaciones, materiales, implementos, financiamiento y trabajo, y el posterior reparto de las utilidades que genera la jornada de pesca en función de la contribución que cada persona realizó», de conformación con una serie de reglas donde se incluye el requisito de ser pescadores debidamente inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), así como también las embarcaciones que participan, entre otras.
En particular, para los dirigentes de la Conapach, la idea de modificar la norma podría empeorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad en el presente, debido a la baja de cuotas y la inestabilidad; no obstante, dijeron que podría ser mejorada en aspectos como definir, con anterioridad y ante notario, las condiciones en las que se desarrollará la operación entre el dueño de la embarcación y los pescadores propiamente tales, en todas sus fases.
Al respecto, el tesorero de la Conapach y dirigente de la Federación de Pescadores Artesanales de Hualaihué (Región de Los Lagos), Rodrigo Aguilar, presente en la última sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara, sostuvo que, en el caso de la pesquería de merluza austral, hoy se trabaja con «cuotas de hambre» y en este sentido sería «insostenible» para los armadores contratar a pescadores propiamente tales.
«En una región como la nuestra (Los Lagos), sería inviable pensar en un cambio de sistema donde armadores pasen a ser empleadores y tripulantes empleados, pues hoy existe libertad de trabajo para los pescadores propiamente tales y existe una variada gama de pesquerías que hace muy complejo definir un sistema que las abarque a todas por igual», enfatizó Aguilar.
Macrozonas
Por su parte, el secretario de la Conapach y presidente de la Corporación de Pescadores Artesanales de Caldera (Región de Atacama), Miguel Ávalos, aseguró que permanecerán atentos a la revisión que la Comisión de Pesca pretende llevar a cabo en esta materia, ya que sería difícil concentrar en una sola legislación las realidades de las distintas macrozonas y pesquerías.
«Además, no se aclaró en esta sesión de qué categoría o eslora de embarcación, pesquería o arte en específico se quiere abordar la problemática en particular, porque nos parece que la realidad supera la ficción», recalcó Avalos.
El dirigente de la macrozona norte manifestó lo importante que es consultar a las bases sobre este tema, asegurando que ya se ha adelantado trabajo en los ampliados consultivos macrozonales realizados este año en Puerto Montt (Región de Los Lagos), Mejillones (Región de Antofagasta) y Pichilemu (Región de O’Higgins) por la Conapach, lugares donde se ha coincidido en que, lo que si hace falta, es un mecanismo para proveer de previsión social a los trabajadores de la pesca artesanal».
«Para modificar un artículo de esta categoría, reconocido por su complejidad y por ser parte de la cultura artesanal, sería necesario además, actualizar la situación en la que se opera hoy respecto a los gastos en los que incurre el armador en cada faena, las restricciones que ha traído el cambio climático y la escasez de peces, y sobre los derechos y obligaciones a las que se verán suscritos ambas partes, solo por poner algunos ejemplos», puntualizó Ávalos, quien concluyó que «es un tema complejo que esperamos se trate de la mejor forma».