(La Tercera) Un año y medio después de que el Gobierno encargara a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) una revisión de la actual Ley de Pesca, el organismo entregó este lunes 24 de octubre su visión del cuerpo legal.
En la tarde, la representante de la FAO en Chile, Eve Crowley, hizo entrega a la Presidenta Michelle Bachelet del documento de 131 páginas, el que contiene alrededor de doce recomendaciones para distintos puntos analizados. En la ocasión, el Ejecutivo planteó que podría enviar una serie de proyectos de ley que acojan las recomendaciones de la entidad dependiente de la ONU para mejorar la legislación que rige al sector extractivo.
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«Se nos han hecho un conjunto de sugerencias que vamos a tener que estudiar en los próximos días, abrir un debate con el conjunto del sector pesquero, tanto del punto de vista de los actores, como también de la academia, de la ciencia, para ir introduciendo mejoras en la legislación pesquera», dijo el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico.
De esta manera, el Ejecutivo iniciará un debate con los actores del sector, para discutir las conclusiones de este informe. Así lo aseguró el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien además resaltó las modificaciones a la ley que ya ha propuesto la autoridad.
«Estamos trabajando en una serie de proyectos de ley para realizar modificaciones a la Ley de Pesca e iniciamos un trabajo con parlamentarios, que nos permitan arribar a modificaciones profundas a la institucionalidad que reconozca los derechos de todos los chilenos», sostuvo Céspedes.
Recomendaciones
Como era de esperarse, el organismo no se refirió al mecanismo de licitaciones ni a los accesos a las pesquerías ni a la determinación de cuotas, justamente los temas más discutidos de la normativa vigente.
A cambio, el informe de la FAO hace hincapié en que se debe «revisar el sistema de sanciones existentes y los criterios utilizados para el establecimiento de multas», además de sugerir sanciones «que sean efectivamente disuasorias». A modo de ejemplo, menciona que se debe evaluar un endurecimiento de las sanciones de carácter administrativo, como son la suspensión de licencias o cuotas.
Agrega también que se debe fortalecer al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en su rol de fiscalizador y sugiere «prestar atención» a los derechos y obligaciones de los trabajadores pesqueros, calificando la actividad como de «alto riesgo».
En otro punto, estipula que es necesario considerar en la normativa vigente la informalidad del trabajo existente en el sector pesquero, y advierte la necesidad de una mejor articulación entre las autoridades pesqueras con los responsables de políticas laborales y de previsión social del país.
En su análisis, la FAO reconoce la importancia de que la ley reconozca y dé importancia al «uso sustentable» de los recursos marinos. Sin embargo, sugiere que su aplicación incluya además a la sostenibilidad del medioambiente, la económica y la dimensión social.
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