En estado de alerta se mantiene la Federación de Oficiales de la Marina Mercante (Fesitrasur, Sitranav y el Sindicato de Naviera Ulloa), que representa a más de 200 oficiales en la región de Los Lagos, ante las nuevas exigencias de capacitación que está imponiendo la autoridad marítima, amparadas en dictámenes de la Organización Marítima Internacional (OMI) y las normas del Tratado de Manila, y que los obliga a capacitarse antes del 30 de junio de este año en cinco cursos de formación, cuya aplicabilidad es discutida en lo referido a la navegación costera.
El presidente de la Federación de Oficiales, Javier Andrade, detalló que ha oficiado a las autoridades de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) donde les plantea, entre otros aspectos, que este programa de formación está diseñado para tripulantes de embarcaciones de gran envergadura, que realizan navegación internacional, lo cual no se condice con la realidad de los marinos mercantes de la zona sur-austral del país.
Andrade manifiesta que hay también un problema de tiempos, ya que recién en enero pasado la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) emitió la resolución sobre los nuevos requisitos para oficiales de puente y de máquinas, otorgando seis meses para su cumplimiento. Sin embargo, añade el gremialista, «en la actualidad no se encuentran todos los cursos autorizados o validados en las instituciones certificadas».
Lo anterior significa que no todos los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), cuyos dueños son, en su mayoría, ex oficiales de la Armada, pueden dictarlos. Al respecto, Andrade aduce que estas capacitaciones se han transformado en un «gran negocio», puesto que los cursos tienen vigencias acotadas a cinco años.
El costo de los cursos, que son cinco en el caso de los oficiales de puente, supera el millón de pesos y el tiempo que se requiere para tomarlos los obliga a dejar de navegar durante todo el período.
En esa línea, Andrade enfatizó que si la autoridad marítima no reevalúa la situación están dispuestos a no cursarlos, lo que les impediría embarcarse y, por ende, significaría parar gran parte de la flota regional, con la consiguiente crisis en el sector.