Fortalecer el rol regulatorio y fiscalizador del Sernapesca, y mejorar la trazabilidad de los procesos productivos relativos a la extracción, transporte y comercialización de la pesca, son algunos de los objetivos centrales del proyecto, en segundo trámite, que crea una nueva institucionalidad para dicho servicio público.
Es así como como la Comisión de Hacienda del Senado concluyó el despacho en particular de la iniciativa, con lo cual el proyecto que moderniza y 
fortalece el ejercicio de la función pública del Sernapesca quedó en condiciones de ser analizado por la Sala.
Así lo dieron a conocer los senadores Juan Pablo Letelier y Juan Antonio Coloma, presidente e integrante de la instancia, respectivamente, quienes precisaron que se trata de fortalecer la trazabilidad de la cadena de comercialización y evitar la pesca ilegal.
«Es un proyecto que otorga nuevas atribuciones al Sernapesca y que va a aumentar a 250 el número de trabajadores con el fin de fiscalizar la pesca ilegal, y no solo en los procesos de extracción sino en toda la cadena de comercialización en el mercado interno», valoró el senador Letelier.
El legislador del Partido Socialista (PS) subrayó que «hasta ahora el procedimiento que teníamos era fiscalizar el delito, y también durante muchos años se había externalizado que los privados hicieran auditorías de capturas y ventas. Esto ha fracasado y no ha sido bueno, y no ha logrado impedir prácticas ilegales que, en otros sectores, se llamarían delitos de receptación», enfatizó.
A su turno, el senador Coloma (UDI) afirmó que «en la Comisión se analizaron los temas de impacto económico y que tienen que ver con el porcentaje de asignación de trabajadores de Sernapesca, y el aumento del número de personas para fiscalizar no solo los embarques sino también el transporte y venta».
En lo fundamental, el proyecto establece una asignación de fortalecimiento de la función pública al personal de planta y contrata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, e incrementar su dotación máxima de personal.
De igual manera, modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para combatir la pesca ilegal, estableciendo nuevas obligaciones para los agentes pesqueros, incorporando, además, figuras infraccionales y delictuales específicas que sancionan conductas graves cometidas en las etapas de procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos.
La iniciativa legal, en tanto, llega a la Sala con los informes previos de las comisiones de Pesca y de Constitución.