Un «urgente llamado al Gobierno de Chile a evitar la ruina del sector pesquero nacional dedicado al pez espada, tanto industrial como 
artesanal», lanzó el presidente de la Asociación Gremial de Palangreros de Alta Mar, Sebastián Vera (en la foto).
Lo anterior, debido a recientes anuncios oficiales sobre la próxima conformación de un nuevo parque marino en aguas circundantes al archipiélago de Juan Fernández, con la consecuente prohibición de actividades pesqueras en esa zona, en donde se captura buena parte de la producción anual.
El dirigente solicita a la administración de la Presidenta Michelle Bachelet conformar una mesa de trabajo, de modo de diseñar una fórmula que permita concretar un área protegida, pero que no impida el desarrollo de la pesca del pez espada.
«Tenemos una flota histórica de hace más de 20 años que ha trabajado en la zona de Juan Fernández, dentro de las 200 millas (de Zona Económica Exclusiva), donde están los mejores caladeros tanto de la flota industrial como de la artesanal, y de un día para otro pretenden sacar toda esta actividad, que en el caso del pez espada representa un 40% de las capturas de cada año», sostiene Vera.
La pesca del pez espada abarca a unas 200 embarcaciones a nivel nacional, siendo Coquimbo el principal puerto de desembarque en Chile y sede de plantas de proceso. Según Vera, esta actividad económica «ya fue duramente golpeada» luego que, en agosto de 2016, el Ejecutivo decretara la creación del Parque Marino Nazca-Desventuradas, a la altura de las islas San Félix y San Ambrosio. En esas aguas se capturaba hasta el 40% de la producción anual.
«Como consecuencia, a partir del presente año, se deberá acortar la temporada anual de esta pesca, con el consiguiente perjuicio para los armadores, tripulantes y personal de tierra, y a la larga, posiblemente también para las plantas de proceso. Por lo anterior, la posible pérdida de otra importante fracción de los caladeros de pesca haría inviable esta actividad», asegura el dirigente.
Vera afirma que su sector no se opone a la protección de los mares, siempre que se realice en procesos donde los actores involucrados puedan participar, de forma de anticipar o remediar los efectos sociales y económicos que puede traer este tipo de medidas. Una posición que coincide con recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).
De hecho –asevera–, un camino viable sería reemplazar la figura jurídica de un parque marino por la de un área marina protegida de múltiples usos, que permita actividades económicas específicas.
«Se están declarando parques marinos sin consultarle a nadie y nos están sacando parte de nuestros caladeros históricos, que representan el patrimonio de los pescadores desde hace muchos años. Existe una indignación generalizada en el sector y creemos que si esto se llega a concretar, sin la participación activa nuestra en el tema, vamos a tener un problema social mayor, sobre todo en Coquimbo y en la región del Biobío. Me gustaría convocar a las autoridades pertinentes a una mesa de trabajo, en donde podamos expresar nuestras preocupaciones y llegar a un acuerdo; no se pueden tomar decisiones sin considerar a los actores históricos de la pesquería en alta mar», enfatiza Vera.