Pescadores artesanales pelágicos dedicados a la extracción de la sardina y la anchoveta dicen vivir hoy una encrucijada producida por la inminente implementación del llamado Plan de Reducción del Descarte, proveniente de un programa de monitoreo realizado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el cual por estos días llegó a su fin pero que, según sostienen los mismos investigadores y pescadores, aún no ha cumplido con los objetivos trazados.
Según argumentó César Jorquera, presidente de la Asociación Gremial (A.G.) de Pescadores de San Vicente y director de la Conapach, fue «desde el IFOP que se señaló que faltaban antecedentes para terminar con este proceso, no con el ánimo de postergarlo simplemente sino porque no se contaba con todos los datos necesarios para elaborar un buen plan de descarte».
El dirigente acusó que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), a través del respectivo Comité de Manejo, siguió adelante con la decisión de implementar el plan a pesar de lo expresado por los investigadores y sin contar con la venia de los representantes de la pesca artesanal al interior del comité.
«Al día de hoy no hay un plan de descarte serio, lo que existe es solo un informe técnico que recomienda algunas acciones, pero que en la práctica no permitiría que ningún pescador artesanal pelágico pueda trabajar», enfatizó el dirigente.
Jorquera advirtió que, si bien existe una resolución que dice que desde ahora se ejecutará el plan de reducción del descarte, fundado en el informe técnico N° 95 del año 2017, no hay recomendación alguna que sirva para la pesca sino solo obligaciones que no permiten salir a las faenas y que solo se transformará en una herramienta para cursar partes a los pescadores.
«El plan de descarte de la sardina y la anchoveta un chiste de muy mal gusto, las recomendaciones van en la línea de, por ejemplo, no se pueden calar de día si hay aves, si hay presencia de lobos marinos o cuando hay corrientes muy fuertes. Por último, recomienda tecnología de punta, con ecosondas científicas, cámaras con imágenes HD, o sea, fuera de la realidad», puntualizó.
Y agregó, «por ahora son recomendaciones, pero cuando pasen a ser una obligación va a haber una cesantía sin precedentes porque en la práctica, una vez terminado el monitoreo y ante la inminente apertura de la temporada de sardina en los meses de octubre y noviembre próximo, para quienes aún tienen saldo en sus cuotas, empezaría a regir el llamado 3×1, es decir, que si extraemos una anchoa y no tenemos stock de anchoa en nuestra cuota asignada, significaría que nos van a descontar tres sardinas por una anchoa, ya que así lo establece la ley».
«Son obligaciones que nos dejan en un túnel sin salida, porque además debemos agregar que debemos subastar fauna acompañante para salir a pescar, o sea, pagar por ello y si a eso le agregamos el cierre temporal de la pesquería cuando está mezclada con otras especies, la situación se hace insostenible», recalcó Jorquera.
En este sentido, el pescador pelágico de la región del Biobío emplazó a la autoridad pesquera que -según dijo- «hoy crea leyes detrás de un escritorio a que se empapen de la actividad en terreno y vean con sus propios ojos cómo se opera y las consecuencias que medidas como las propuestas provocarían en la actividad: las penas del infierno para los pescadores artesanales».
«Este es un problema que debe ser solucionado ahora. En ese sentido creemos que la única salida es una extensión del programa de monitoreo hasta fin de año para que así, en el primer trimestre del año que viene, se haga un plan de reducción del descarte que sea serio y viable para la pesca artesanal», concluyó el dirigente.