(DF) Nuevamente la industria salmonicultora está en alerta. No es el virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv) ni las floraciones de algas nocivas (FANs, también conocidas como blooms). Ahora lo que preocupa a parte importante de las empresas son las trabas para la expansión del negocio a Magallanes, específicamente por los permisos ambientales que han obtenido en esa región.
El extremo sur del país es la zona natural de expansión de la industria. No obstante, la entrega de nuevas concesiones ha estado limitada con el objetivo de no sobrecargar las zonas donde se cultiva la biomasa y, en definitiva, evitar repetir un episodio como el vivido entre 2008 y 2009, producto del virus ISA, que generó millonarias pérdidas para la industria y miles de trabajadores despedidos en Los Lagos y Aysén.
Esta demora en el proceso de entrega de nuevas concesiones ha generado que cientos de permisos ambientales corran el riesgo de caducar: la normativa permite revocar autorizaciones si a cinco años de obtenidas no iniciaron la construcción.
La luz de alerta fueron las cartas que envió la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a las salmonicultoras que tenían pendientes solicitudes de concesiones en Magallanes.
A fines de abril, representantes de Multiexport y Camanchaca se reunieron con Eugenio Zamorano, jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca, ocasión en la que solicitaron aclarar cuál es el procedimiento que la autoridad implementará a partir de las cartas que han recibido.
«El origen de dichas cartas radicó en el hecho de que durante el año 2017 la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas empezó a devolver expedientes de solicitudes de modificación fundado en que la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) tenía más de cinco años y no constaba que dicho instrumento estuviera vigente», explicó el directivo según el acta de la reunión.
Añadió que a partir de esto, y en acuerdo con la División Jurídica del servicio, se decidió dar inicio a la remisión de cartas a los titulares con el objeto de que regularizaran dicha situación y en paralelo se remitió oficio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para ponerlo en conocimiento de esta situación.
«Sin perjuicio de ello, informó que producto de una reunión sostenida recientemente con el director nacional del SEA con ocasión del oficio remitido, se encuentran abiertos los canales de comunicación entre ambas instituciones para poder hacerse cargo de aquellos casos en que el titular no ha podido dar inicio a su operación producto de que el Estado no ha dado término al respectivo trámite», subraya el acta que figura en la plataforma Ley del Lobby.
Crecimiento ordenado
El objetivo principal de la caducidad es que los proyectos aprobados ambientalmente sean ejecutados en condiciones similares a aquellas que se tuvieron a la vista durante la evaluación ambiental.
El Servicio de Evaluación Ambiental ha recibido una avalancha de solicitudes de titulares en orden a acreditar el inicio de la ejecución de sus proyectos.
De los proyectos referidos al sector productivo acuícola, desde 2015 a la fecha -según registros del SEA- han ingresado 380 solicitudes, de los cuales han sido resueltos 328. De esta manera, el SEA ha visto el 86% de las peticiones asociadas a este sector productivo.
Fuentes conocedoras de las tratativas explican que la decisión del SEA ha sido aplicar el criterio de considerar no solo el inicio físico del proyecto, sino que todo tipo de gestiones conducentes al desarrollo del mismo.
Arturo Clément, presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), gremio que agrupa a las principales compañías del país, dice que «indudablemente» la región de Magallanes es la zona de expansión natural del sector. Por lo mismo, enfatiza que se debe abogar por realizar un buen trabajo, tanto del sector público como privado, lo que incluye –dice- «que se cumplan los plazos, porque sino se genera incertidumbre».
Según datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) a marzo de 2018, en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena existen 128 concesiones para salmonicultura otorgadas (lo que representa casi el 10% del total nacional).
No obstante, hay más de 450 solicitudes de concesiones pendientes.
El llamado de los salmonicultores es a que el gobierno concluya el proceso y libere nuevas concesiones para así concretar la relocalización de algunas áreas de cultivo que deben ser trasladadas tras la introducción de un proceso de zonificación.
Este concluyó que hay varias concesiones que deben ser eliminadas por estar en parques nacionales, en zonas para la pesca artesanal o, incluso, son áreas destinadas para la Marina, como puertos en caso de guerra.
Presione aquí para ver el artículo en su fuente original de Diario Financiero.