En 2015, tras el terremoto y posterior tsunami que afectó a parte de la pesca artesanal de la Región de Coquimbo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), a través del Fondo de Administración Pesquero (FAP), implementó cuatro programas para apoyar a los afectados.
Los programas consideraron la reparación de embarcaciones dañadas ($290 millones); habilitación de condiciones provisorias de funcionamiento para la planta de proceso artesanal de caleta Coquimbo-Almar ($49,5 millones); recuperación de las líneas de cultivos de la pesca de Tongoy ($5 millones); y reposición de máquinas de hielo, camiones, implementos comerciales y otros proyectos productivos ($310,5 millones).
Esos cuatro programas fueron financiados a través del Fondo de Administración Pesquero, totalizando $655 millones, aprobados en sesión de consejo del FAP. Sin embargo, tras una revisión de parte de la Contraloría General de la República respecto a su ejecución, el órgano detectó problemas en los procedimientos, la mayoría de los cuales tiene que ver con la no rendición de parte de las organizaciones beneficiarias.
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El director ejecutivo del FAP, José Luis de la Fuente, afirmó que actualmente la Subpesca está trabajando con las organizaciones beneficiarias a través de la solicitud de antecedentes complementarios que acrediten la entrega de equipamientos o beneficios de cada proyecto, lo que en su momento no realizaron dada, según sostiene de la Fuente, la situación de catástrofe en la que se encontraban.
«Actualmente estamos implementando un software de gestión y control de proyectos a nivel nacional, lo que permitirá identificar potenciales problemas de rendiciones, gestión de presupuesto por región, entrega de informes de ejecución presupuestaria, gestión de informes técnicos y de gastos, entre otras funciones, así como también la actualización de manuales de procedimientos de rendiciones de cuentas, manual de procedimientos de pesca artesanal, los cuales son parte de los compromisos 2017 con auditoría interna de esta Subsecretaría», adujo el personero público.
Administración del FAP
Los proyectos y programas que diseña, aprueba, ejecuta, financia y administra el Fondo de Administración Pesquero está dentro de las facultades estipuladas por ley en el Artículo 173 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), los cuales son sesionados por el consejo del FAP.
Una vez que se aprueban los proyectos a las organizaciones, la Subpesca emite la resolución correspondiente y, previo a la entrega de los recursos económicos a través de un cheque, las entidades, a través de sus directivas, deben firmar un pagaré -para el resguardo de los recursos fiscales- y adjuntar un acta de asamblea de socios y declaración jurada donde se describen las características y objetivos del proyecto, las formas de rendición técnicas y financieras.
Lo anterior, en concordancia con la Resolución 30 de la Contraloría, referente a las rendiciones de proyectos financiados con recursos fiscales.
«Por tanto, los únicos responsables de la ejecución y administración de los recursos fiscales son los propios beneficiarios, pero como Fondo, debemos generar las instancias de gestión y control de cada proyecto», concluyó de la Fuente.