El gerente general de la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo Sur Austral A.G. (Armasur), Manuel Bagnara, aceptó dialogar con AQUA para profundizar en uno de los temas que ha concitado mayor atención en la industria acuícola durante las últimas semanas: la demanda presentada por Naviera Orca contra Solvtrans Chile.
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De acuerdo con el órgano regulador, aunque la empresa propietaria de las naves haya cambiado de nacionalidad, esto no altera la infracción denunciada y cometida mientras la restricción se encontraba vigente, punto que es clave para el representante gremial.
¿Cuáles son los principales argumentos, a su juicio, en que se basa esta querella (ver documento)?
La acción legal emprendida por nuestro asociado, Naviera Orca, se funda en que, a raíz de una denuncia formulada ante la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional (Directemar) contra la firma extranjera Solvtrans por su operación en el país, esta empresa se constituyó de manera simulada y artificiosa en una naviera chilena, burlando la legislación nacional aplicable.
La compañía fue sancionada por la autoridad marítima luego de una investigación sumaria administrativa seguida en su contra con una multa de $13.000 pesos oro, al establecerse que incumplió con una restricción de operaciones impuesta precisamente por su condición de empresa naviera extranjera, que consistía en no encontrase habilitada para transportar carga de terceros con sus naves.
Para sorpresa de nuestros asociados, la matrícula de las naves no fue cancelada por la Directemar, a pesar de lo propuesto por los fiscales marítimos de la Armada designados para conducir las respectivas investigaciones en Castro (región de Los Lagos), Puerto Aysén (región de Aysén) y Punta Arenas (región de Magallanes y de la Antártica Chile).
La empresa cuestionada, al tomar conocimiento de las infracciones que se investigaban, intentó subsanar su incumplimiento transfiriendo, con fecha 21 de enero de 2015, el 51% de las acciones en dicha compañía a su gerente general, permitiéndole por esa vía a la Sociedad pasar a tener la nacionalidad chilena de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Navegación.
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¿Qué busca esta acción legal?
La acción de nuestro asociado ante la justicia busca dilucidar si lo anterior constituye un fraude a la ley, puesto que racionalmente no se puede explicar cómo se pudo transferir el 51% de la compañía en la suma de $86 millones de pesos, pagadero además en 12 cuotas, en circunstancias que patrimonialmente dicha empresa tiene un valor mucho mayor.
Cabe destacar que en marzo de 2012, se compró la motonave (M/N) «Ronia Austral» en $12 millones de dólares (US). También, en esa misma fecha, la empresa adquirió la M/N «Ronia Pacific» en la suma de US$12 millones. Adicionalmente, la firma extranjera en abril de 2016 adquirió la M/N «Ronia Atlantic» por $170 millones de coronas noruegas (NOK), equivalentes a aproximadamente a US$20,4 millones.
A todo lo anterior se suma el valor de los contratos que sirve y demás antecedentes de su actividad comercial que se encuentran en poder de la Directemar.
Como se puede apreciar, es altamente dudosa la valoración que se otorga a la empresa para su venta, lo que puede constituir el delito de simulación de contrato previsto en el artículo 71 N°2 del Código Penal.
Por todo lo expuesto se presentó una querella criminal contra los eventuales responsables de este delito, la que fue acogida por el tribunal y derivada a la Fiscalía de Valparaíso, donde ya se ha iniciado la investigación correspondiente.
¿Cuál es la postura de la Armasur frente a esta querella?
Para Armasur es un hecho cierto que la empresa ha actuado durante años en Chile sin respetar los requisitos de nacionalidad chilena que la ley impone para efectos del transporte de carga de cabotaje, generando perjuicios a los actores del mercado al introducir una competencia desleal al sector que se extiende hasta la actualidad. Por lo mismo, nuestra postura como organización gremial es apoyar todas las acciones con que la ley faculta a sus socios para el restablecimiento del orden legal.
Hay que detallar que paralelamente a esta querella de nuestro asociado, está pendiente de cumplimiento el dictamen de la Contraloría General de la República fechado el 27 de abril de 2017, mediante el cual se le ordenó a la Directemar proceder a la cancelación del Registro de Matrícula de dos naves de Solvtrans por su funcionamiento ilegal en aguas territoriales chilenas.
Todos los antecedentes que hemos referido reafirman nuestra convicción que en esta materia se está transgrediendo la ley y por esto nuestros asociados tienen el legítimo derecho a pedir su respeto ante todas las instancias que correspondan.