Iván Flores (en la foto), quien es diputado por la Región de Los Ríos, realizó un llamado al Gobierno, y expresamente al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, para buscar soluciones ante lo que calificó como «preocupante colisión de leyes», citando a varias que benefician a los pescadores artesanales y a la llamada Ley Lafkenche, que resguarda derechos de las comunidades indígenas en el sur del país.
Lo anterior, según expresó, mantendría paralizadas una serie de obras y estaría afectando la labor de los pescadores de la zona. De hecho, cuatro comunidades han solicitado más de 120.000 hectáreas de playa y agua, afectando el trabajo de recolectores de orilla y pescadores artesanales, muchos de estos pertenecientes también a los pueblos Lafkenche.
Los dichos de Flores (DC) se suman a los del diputado Bernardo Berger (RN), quien esta semana manifestó que existe preocupación entre los sindicatos pesqueros por la aplicabilidad de la Ley 20.249 que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) y que estaría frenando los proyectos de inversión pública y de privados en las caletas, y también los problemas a la tramitación de solicitudes de concesiones que hacen las organizaciones artesanales sobre ellas.
Vea >> Ley Lafkenche entramparía inversión en caletas pesqueras
Al igual que Berger, el diputado Flores se reunió con dirigentes de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (Fipasur) y otras organizaciones de pescadores de la Región de Los Ríos, solicitando que el Gobierno coordine las iniciativas pendientes y analice cómo destrabar los conflictos.
En esta misma línea, el legislador expresó que «todos estamos de acuerdo que el litoral debe preservar zonas para los pueblos originarios, pero no podemos entender cómo su aplicación tiene paralizadas obras públicas y también inversiones privadas de los pescadores a nivel regional y local».
«Llama profundamente la atención cómo una ley que tiene un propósito de justicia social y cultural ancestral, finalmente se enreda con otras normas que buscan acelerar la actividad económica y progreso social de muchísimas familias que viven de la costa y el mar», subrayó Flores.
Además, el congresista aseguró que le ha pedido tanto al Ministerio de Defensa como al ministro Marcos Barraza que comiencen a coordinarse con los servicios públicos que tienen que ver con este problema, «ya que no puede ser que un servicio como la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) tenga paralizada una decisión que impide el funcionamiento de la Comisión de Ordenamiento del Borde Costero, por la no emisión de la certificación de aplicabilidad que define si es o no atendible la solicitud de destinación de prácticamente toda la playa y mar de la Región de Los Ríos».
Para cerrar, dijo estar seguro que las leyes de cultivo de algas, de regularización de caletas y de otras que son de beneficio para miles de familias de la costa, «no pueden ser letra muerta si no se resuelve este choque entre estas leyes y la Ley Lafkenche».