El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) luego que Salmones Caleta Bay S.A. dedujera requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del tercer párrafo del N°1 del artículo 125 de la Ley 18.829, por considerar que el actuar de los funcionarios del Sernapesca vulneraran garantías constitucionales en una denuncia realizada por el ente fiscalizador a raíz de la detección de una fábrica clandestina de vacunas.
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Junto con la detección de un laboratorio ilegal y la fabricación de vacunas no autorizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Sernapesca realizó fiscalizaciones a Caleta Bay, quienes fueron denunciados al SAG por la fabricación de vacunas no autorizadas, y en segundo lugar Sernapesca denunció por el uso de estas vacunas por la obstaculización a la fiscalización y por la entrega de información no fidedigna al Servicio.
De acuerdo con el dictamen del TC, el Sernapesca presentó «abundantes pruebas técnicas y científicas que respaldaban la denuncia», obteniendo el fallo condenatorio en primera instancia en el 1° Juzgado Civil de Osorno (región de Los Lagos).
La constatación de los hechos denunciados se produjo a partir de hallazgos en fiscalizaciones de rutina de Sernapesca, lo que permitió detectar la existencia y funcionamiento del laboratorio al interior de una oficina, ubicada en Osorno, donde fabricaban las vacunas, añadió el Tribunal.
Las faltas denunciadas por el Servicio están establecidas expresamente en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), y tienen que ver con el adecuado control de patrimonio hidrobiológico.
Junto con subrayar que Chile es el segundo productor mundial de salmones, por lo que es deber de la autoridad cautelar que la industria cumpla con estrictos estándares, sobre todo en el control de enfermedades, el director de la Dirección Regional Los Lagos del Sernapesca, Eduardo Aguilera, manifestó que «hoy día (ayer jueves 20 de junio) tomamos conocimiento de que el Tribunal Constitucional falló a favor del Servicio, indicando que el procedimiento que había sido realizado por nuestros funcionarios no tenía ninguna falla constitucional y se apegaba estrictamente al marco legal. En ese sentido estamos muy satisfechos con lo obtenido en el Tribunal Constitucional y esperamos seguir adelante con el proceso en la Corte de Apelaciones de Valdivia».
La empresa arriesga multas de hasta 160 UTM (casi $7,79 millones al valor de junio de 2019) además de las costas del juicio, es decir, gastos asociados a la causa. Actualmente el denominado «caso vacunas» se encuentra pendiente ante la mencionada corte de la región de Los Ríos.
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*Fuente de la foto destacada (de contexto): Archivo Sernapesca.