Tomar decisiones que fortalezcan las medidas establecidas en el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) para frenar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), es el objetivo de la Segunda Reunión de las Partes de este instrumento, que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago (región Metropolitana) entre el próximo lunes 3 y jueves 6 de junio.
Lea >> En Chile: Se acerca cita mundial para combatir la pesca ilegal
En este marco, el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca) emitió un comunicado titulado «Combatir enérgicamente la pesca ilegal de merluza beneficia a todos», el cual reproducimos íntegramente:
«Coincidente con la próxima reunión de los integrantes del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), que busca prevenir, desincentivar y eliminar la pesca ilegal, en las últimas semanas se han conocido fuertes declaraciones de dirigentes de la pesca artesanal de merluza de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y del Maule, manifestándose sobre los perjuicios que les trae la pesca ilegal de esa especie, por encima de las cuotas permitidas, principalmente en la región del Maule.
La oferta masiva de merluza ilegal en los mercados locales hace bajar los precios que reciben los pescadores merluceros de todo el país por su arduo trabajo.
Además, por supuesto, esta extracción por encima de los límites biológicos demora la recuperación de un recurso que viene de una situación de colapso y recientemente ha sido declarado oficialmente sobreexplotado, perjudicando también por esa vía los ingresos de miles de pescadores que están necesitando un stock de merluza saludable.
La paradoja de este año 2019 es que se ha notado mayor disponibilidad de este recurso en el mar, con ejemplares más grandes que en años anteriores, y la pesca ilegal inunda más que nunca el mercado con ese producto, bajando aún más los precios en las caletas. Incluso en Semana Santa esta situación ha llevado los precios a mínimos históricos de hasta 5000 pesos la caja.
En febrero de 2016, el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca) publicó un trabajo con un abordaje original del tema: después de investigar la situación en las caletas y sostener numerosas conversaciones con pescadores artesanales de las regiones de O’Higgins y del Maule, concluyó que las declaraciones de captura no justificaban de ningún modo que estos pescadores continuaran entrando a la mar.
Recalculando las capturas en base a las expectativas mínimas de ingresos y a los precios de playa, se determinó que la captura total en esas regiones era, como mínimo, unas diez veces superior a las cuotas asignadas. Y que justamente la saturación del mercado con pesca ilegal hacía bajar los precios por los productos no certificados, lo cual incentivaba a su vez capturas aún mayores.
La solución que propuso CeDePesca en ese momento fue que lo primero que debía hacerse era sincerar las capturas reales en los modelos de evaluación de abundancia del recurso, ya que estos se estaban basando en declaraciones de captura inventadas a la baja.
Con esta nueva evaluación debían asignarse cuotas realistas, siempre velando por la recuperación y sustentabilidad del recurso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, asignando 4.000 toneladas de cuota extra, la venta de ese producto legal permitiría un ingreso equivalente a la venta de 20.000 toneladas de pesca ilegal.
Si ello se combina con un control estricto y la certificación de todas las capturas como condición para su comercialización, la resultante del aumento de cuota sería de hecho una reducción de los desembarques reales. Complementariamente, programas de reconversión laboral financiados por el Estado podrían contribuir también a reducir el exceso de capacidad de pesca, siempre y cuando pudieran asegurar similares niveles de ingreso.
Desde el 2017, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) presenta un caso de evaluación del stock de merluza donde incluye el efecto de las capturas históricas no declaradas, resultando en una captura biológicamente admisible mayor que cuando no se incluyen.
Desde principios de año, se cuenta con una nueva ley que refuerza el presupuesto y las facultades y capacidades operativas del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), lo cual representa un avance importante pero no suficiente. Desde 2014 todos los representantes del sector en el Comité de Manejo, de manera transversal, han dejado claro que la pesca ilegal es el principal problema de la pesquería y la solución pasa por la certificación de los desembarques, lo cual fue plasmado como una de las medidas fundamentales a implementar dentro del Plan de Manejo de merluza común, en el que indica como objetivo ‘establecer un sistema efectivo de control de desembarque’, y cuya meta es lograr el control efectivo de todos los desembarques de esta importante pesquería nacional.
CeDePesca considera que existen las condiciones para avanzar en consensos para que se sinceren las cuotas de pesca de merluza, se certifiquen las capturas y se actúe con la mayor energía en el combate a la pesca ilegal de esta especie, posibilitando su recuperación a buen ritmo, y premiando las buenas prácticas con precios razonables por productos legales».
*Fuente de foto destacada (de contexto): Archivo Sernapesca.