Diversas reacciones sigue produciendo la renuncia del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, luego que se hicieran públicos, a través del Centro de Investigación Periodística (CIPER), los correos que muestran los «favores» que el personero de Estado hiciera a la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).
Según sostiene la investigación, el nexo de Súnico con el gremio se remontan a los años en que se desempeñaba como encargado de Pesca en la Municipalidad de Talcahuano (Región del Biobío), impulsando demandas a favor de la industria.
Para los pescadores artesanales, lo más grave de las acusaciones tendría relación con su trabajo como subsecretario, donde se le acusa de autorizar la pesca de arrastre en la Región de Coquimbo durante cinco años, y a solo siete meses de haber asumido la titularidad de la Subpesca, enviando, en palabras del jefe de gabinete de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Miguel Leiva, «por la borda el programa de la Presidenta Michelle Bachelet, quien se comprometía a poner fin al arrastre, por ser un sistema de pesca nocivo para las especies que coexisten con el camarón, como es el caso de la merluza común».
Por otra parte, añadió el dirigente, «Súnico dejó en el camino importantes proyectos de ley que permanecen en trámite en el Congreso», entre estos la creación del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa), la ley de caletas, la ley bentónica y el trabajo que se venía realizando en materia de Registro Pesquero Artesanal.
En esa línea, según la Conapach, la salida de Súnico podría afectar el futuro de las iniciativas sectoriales, debido al poco tiempo que queda del mandato de Michelle Bachelet para cumplir con los compromisos adquiridos con la pesca artesanal y asumir las demandas que se le han realizado.
«Es lamentable lo que está ocurriendo en la política, la corrupción es transversal y los únicos perjudicados siguen siendo los trabajadores, los pescadores artesanales y sus familias. Esperamos que se haga justicia y que las demandas del sector artesanal sean escuchadas de una vez por todas», concluyó Miguel Leiva.