La semana pasada, un conjunto de particulares y agrupaciones nacionales e internacionales, integrado por comunidades indígenas, las corporaciones Codesa y Costa Carrera, Codeff, Fundación Terram, Greenpeace, Geute y Oceana, formularon un llamado a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) a retirar la propuesta que establece 35 nuevas Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) en una zona de la Región de Aysén donde se emplaza la Reserva Nacional Las Guaitecas, lo cual permitiría la instalación de concesiones salmonicultoras.
Para conocer el detalle de los 35 sitios propuestos por el Gobierno como nuevas AAA, descargue aquí el reporte publicado por la Subpesca >> Informe Técnico N°206/2016
Por su parte, y también en el área norte de la Región de Aysén, la Comunidad Indígena Pu Wapi tiene ingresado un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO) -cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de estas que han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio constatado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)-, lo que también sería un impedimento para el cultivo de salmónidos.
Consultada por AQUA, la Subpesca respondió a través de una declaración donde comenzó diciendo que su propuesta de nuevos sitios tiene como objetivo central «reordenar una actividad tan importante para la región por las divisas y empleos que genera, como es la salmonicultura, pues en la situación actual la amenaza de repetir desastres ambientales o sanitarios, como lo ocurrido hace solo unos años atrás, está latente».
Así las cosas, para la entidad de Gobierno la creación de nuevas AAA permitiría relocalizar concesiones de salmones que se encuentran en lugares donde las condiciones sanitarias y ambientales no son las óptimas. «La relocalización fue creada debido a una necesidad de ordenamiento territorial que permita implementar el nuevo modelo productivo diseñado con posterioridad a la crisis provocada por el virus ISA», puntualizó la Subpesca.
Consulta ciudadana
Oceana, que es una de las organizaciones que cuestionan el otorgamiento de estas nuevas AAA, sostiene que la resolución de la Subpesca no entrega información precisa sobre las áreas determinadas, imposibilitando que cualquier particular o institución afectada pueda conocer y expresar por escrito sus observaciones en el plazo de 60 días como establece la normativa. En esta línea, la ONG ambientalista señala que el informe técnico que sustenta la propuesta recién se subió durante los últimos días a la plataforma oficial de la institución estatal para su acceso público, cuando ya venció el plazo de 60 días para formular observaciones a la resolución del mes de abril, a lo que se suma que tampoco fue sometido a la consulta obligatoria de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de Aysén, como ordena la legislación.
Por lo tanto, enfatizó la directora ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, la resolución del Gobierno sería ilegal y vulneraría los principios de participación ciudadana, transparencia y publicidad. «Esperamos que la Subpesca acoja las observaciones de la comunidad, dejando sin efecto esta resolución que es a todas luces ilegal, además de constituir el primer paso para expandir las salmonicultoras a uno de los pocos rincones que permanecen intactos de la Patagonia», sentenció van der Meer.
Por su parte, la Subpesca, a través de la misma declaración enviada a AQUA, asegura que la propuesta de 35 nuevos sitios como AAA fue consultada a la CRUBC de Aysén en septiembre de 2015. «Dicha Comisión es la estructura que regionalmente es reconocida y legitimada para emitir pronunciamientos acerca de los usos del borde costero. Sin perjuicio de ello, la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) contempla la participación ciudadana previendo que la resolución de la Subsecretaría que propone las nuevas áreas deberá publicarse para que en el plazo de 60 días cualquier persona o grupo pueda manifestar sus observaciones. Precisamente esta es la etapa en que se encuentra el trámite en estos momentos, por lo que mal puede afirmarse que se ha violentado el principio de participación ciudadana si quienes se oponen están ejerciendo precisamente este procedimiento conforme lo dispone la ley», argumentó la secretaría de Estado.
En cuanto al informe técnico publicado, respondió que es del caso señalar que dicho documento no difiere del presentado a la CRUBC sino tan solo que se eliminó de la propuesta seis sectores. «En consecuencia, los antecedentes respecto de los sectores propuestos son los mismos que se presentaron en su oportunidad ante la CRUBC», aseguró la Subpesca.
Expansión
«La expansión irresponsable de un sistema productivo que no ha sabido contener sus enfermeddes ni el abuso de químicos y antibióticos es un acto que tendrá consecuencias irreversibles tanto para la Reserva Nacional Las Guaitecas como para Aysén», fue otra de las críticas formuladas por la directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer.
En respuesta, la Subpesca sostuvo en su declaración que «sobre la afirmación de una supuesta ‘expansión’ de la salmonicultura, es una afirmación imprecisa por cuatro motivos. En primer lugar, porque junto con declarar nuevas Áreas Apropiadas para la Acuicultura se están desafectando otros sectores que ya no podrán ser utilizados para la salmonicultura, como es el caso de las AAA presentes en Tortel. Tal propuesta la hizo la región y está siendo tramitada paralelamente por esta Subsecretaría».
«En segundo lugar, está cerrado el acceso a nuevas concesiones de acuicultura, por lo cual las nuevas áreas están destinadas a relocalizar concesiones ya otorgadas y no a entregar nuevas concesiones, por lo que la superficie entregada en concesión no puede aumentar, ni tampoco el número de concesiones. Es más, el número de concesiones podría disminuir si los acuicultores fusionan concesiones».
«En tercer lugar, las concesiones relocalizadas pierden el espacio originalmente asignado. De esta manera, mediante este sistema no se están generando más concesiones de las ya existentes en el país, ni duplicando o incrementando la superficie otorgada, pues lo que se persigue es reubicar concesiones ya existentes, de manera de liberar zonas determinadas como franja de distancia sanitaria».
«En cuarto lugar, la exigencia de no relocalizar concesiones en lugares donde existan caladeros de pesca producirá necesariamente una disminución de las actuales áreas apropiadas. Mientras no se determine dónde están los caladeros no se pueden tramitar relocalizaciones, por ende, no puede haber una expansión», adujo la Subpesca.
Franja mínima y plan de manejo
Las observaciones de las agrupaciones añaden que el decreto de la Subpesca no cumplió con aspectos legales y administrativos básicos, como es la exigencia de la LGPA (inciso octavo del artículo 67) de que la zonificación del borde costero de la Región de Aysén defina una franja marina mínima de resguardo para excluir el desarrollo de cultivos intensivos o extensivos de especies hidrobiológicas exóticas, categoría dentro de la cual se encuentran los salmónidos.
Para Oceana, el organismo gubernamental tampoco consideró que la Reserva Nacional Las Guaitecas no cuenta con un plan de manejo que regule y compatibilice sus fines de conservación con el desarrollo de industrias como la salmonicultura.
«Los estudios técnicos que sustentaron la decisión tenían hasta cuatro años de antigüedad, por lo que ignoraron absolutamente los últimos acontecimientos y antecedentes de malas prácticas empresariales», puntualizó Liesbeth van der Meer.
En cuanto a la exigencia que la zonificación establezca una distancia respecto de áreas protegidas terrestres colindantes con el mar, la Subpesca respondió que debe tenerse en consideración que tal exigencia no resulta aplicable porque se refiere a áreas protegidas terrestres que colindan con el mar.
«En el caso de la Reserva Nacional Las Guaitecas se trata de un área protegida que comprende sectores de mar por lo que no se encuentra en el supuesto legal. Por lo demás, expresamente la LGPA habilita el ejercicio de la acuicultura en reservas nacionales. Por este mismo motivo es que no se requiere previamente el plan de manejo y el resguardo se da a través del sometimiento de los proyectos en particular al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la normativa legal que rige la materia».
En conclusión, aseguró la Subpesca, «estamos analizando las observaciones surgidas de la participación ciudadana, como parte del procedimiento concebido para estos fines, y reafirmamos nuestro compromiso por el desarrollo y reordenamiento de la salmonicultura en Aysén, por cuanto las nuevas áreas contendrán lotes acotados que ya cumplan con las distancias medioambientales y sanitarias requeridas para permitir el desarrollo sustentable de esta industria y cuidar los empleos que genera localmente».