Redefinir la normativa relacionada al cabotaje marítimo, es decir, la que regula el transporte de carga o pasajeros desarrollado por embarcaciones entre puntos localizados al interior de un mismo país, es el objetivo del proyecto (boletín 9656) aprobado por la Cámara de Diputados, por 116 votos a favor y una abstención, y enviado al Ejecutivo para su promulgación como ley.
La iniciativa, nacida como moción en el Senado, en octubre de 2014, llegó a consideración de la Cámara en septiembre de este año, radicándose su estudio en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, cuyo informe rindió el diputado Leopoldo Pérez.
La propuesta, ratificada en los mismos términos que lo planteado por el Senado, modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante introduciendo un nuevo título: «Del Cabotaje y de las Reservas de Carga».
El proyecto define a seguir que el cabotaje queda reservado a las naves chilenas, con las excepciones que señala esta ley, para especificar luego qué se entiende por cabotaje de pasajeros: «Transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros, cuyo origen y destino sean puntos del territorio nacional y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva».
De igual manera, determina que «las naves de pasajeros extranjeras podrán participar en el cabotaje marítimo entre puertos, siempre y cuando su capacidad de transporte sea igual o superior a 400 pasajeros, cuenten con capacidad de pernoctación a bordo y tengan como función el transporte de pasajeros con fines turísticos».
Finalmente, establece que el cabotaje de pasajeros por naves extranjeras no será aplicable a las recaladas de dichas naves en el archipiélago Juan Fernández y en Isla de Pascua.