En septiembre de 2016, la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur-Valdivia (Fipasur) presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) con el objetivo de que se aclare la situación respecto a que si se debió también paralizar la tramitación ambiental de nueve solicitudes de espacios costeros para construir centros de engorda de salmones en la región de Los Ríos; iniciativa que fue presentada por la empresa Lago Yelcho SpA.
Ocurre que varias comunidades indígenas pidieron Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) en gran parte de la región, por lo cual dichas solicitudes de concesiones salmonicultoras quedaron suspendidas por la aplicación del artículo 10 de la Ley N°20.249. Ante esto, surgió una controversia entre dos servicios públicos, ya que por una parte la Subpesca indicaba que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) también se debía detener por la aplicación del artículo 10 y el SEA sostenía lo contrario.
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Respuesta de Contraloría
La CGR hizo pública su aclaración subrayando que, «la suspensión a que se refiere el artículo 10 de la Ley N°20.249 no se aplica al procedimiento de evaluación ambiental, por lo que la decisión de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Los Ríos, de continuar con la tramitación del mismo, se ajustó a derecho».
«Sin perjuicio de lo anterior -añade el dictamen del órgano contralor-, frente a tramitaciones de solicitudes relacionadas con concesiones de acuicultura – engorda de salmones, como ocurre en la situación planteada por los recurrentes, procederá la suspensión de esos procedimientos específicos, toda vez que aquellas solicitudes sí implican afectación de un área geográfica delimitada, a diferencia de las solicitudes de evaluación ambiental donde dicho efecto no se produce».
Descargue aquí el documento >> Dictamen_División Jurídica_CGR
Fipasur
Para el presidente de la Fipasur, Marco Ide Mayorga, la respuesta entregada por la Contraloría no le sorprende, ya que se entendía que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) estaba en lo correcto.
«Ahora con esta respuesta queda claro que el SEA tenía razón, ya que se detiene el trámite de la solicitud de concesiones de acuicultura, pero no la tramitación de evaluación ambiental, puesto que esta corre por un carril distinto y no afecta la solicitud de ECMPO», puntualizó el dirigente de la pesca artesanal.
Es así como en el caso de las nueve solicitudes de concesiones de acuicultura para salmones en la región de Los Ríos, debido a la ley de ECMPO (artículo 10) se detuvieron las tramitaciones en la Subpesca, pero se mantienen en la institucionalidad ambiental.
«El rechazo que hizo el comité ambiental a las nueve concesiones salmonicultoras podría eventualmente seguir su tramitación si es que la empresa así lo estimara, y lo único que debiera hacer es subsanar las observaciones que produjeron el rechazo; según se nos ha informado desde el SEA», precisó Ide Mayorga.