El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) dio curso a una exhaustiva investigación para determinar la veracidad de la grave denuncia publicada por El Mostrador respecto a la posible adulteración de mortalidades informados por la empresa Nova Austral al Sistema de Información para la Fiscalización de la Acuicultura (SIFA).
El ente estatal catalogó como gravísimos los antecedentes recibidos en el marco de dicha investigación periodística que, de comprobarse, infringen severamente la normativa sanitaria establecida para la operación de los centros de cultivo en la industria del salmón.
La subdirectora de Acuicultura, Marcela Lara, confirmó que el Sernapesca activó una revisión inmediata de los antecedentes y que requerirá a la compañía en el transcurso de la jornada complementar la información y determinar eventuales responsabilidades. De igual manera, sostuvo que se realizará una auditoría en relación a las mortalidades reportadas.
«De ser veraz esta denuncia, esta conducta atenta seriamente contra la transparencia en el ámbito sanitario y ambiental, y como Servicio tomaremos todas las acciones legales correspondientes, ya que estas malas prácticas ponen en peligro los pasos sustanciales que se han logrado para avanzar hacia una acuicultura sustentable», enfatizó Marcela Lara.
En ese sentido, las salmonicultoras tienen la obligación de declarar sus mortalidades según establece el Programa General de Mortalidades, el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA) y la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), medida que se implementó como una estrategia de detección temprana de brotes de enfermedades poscrisis del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv).
«Dado lo esencial del reporte de las mortalidades y las causas de estas, Sernapesca realiza un seguimiento continuo de los centros de cultivo y en caso de evidenciar mortalidades elevadas o algún problema sanitario, implementa campañas sanitarias. En lo que va del año se han realizado campañas asociadas al caso de ISA que presentó la región (de Magallanes y de la Antártica Chilena) y la segunda en curso a las declaraciones de cargas parasitarias para caligidosis (piojo de mar)».
Finalmente, «como Servicio confirmamos nuestro compromiso con la protección permanente del patrimonio ambiental y sanitario del país, por lo que repudiamos todo tipo de conductas, incluidas las objeto de la denuncia, que puedan ponerlo en riesgo», sentenció Lara.