(El Mercurio) «Dicen que venía del sur/en un camión muy cargado/ traía mil kilos ‘e merluza/ iba con rumbo a Santiago/así lo dijo el soplón/ que lo había denunciado». Con ritmo de corrido mexicano, la primera canción que ensalza a los traficantes de pesca ilegal ya está en YouTube.
Según el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el tema relata las correrías del «Chupacabras» -líder de una de las bandas- para burlar a fiscalizadores y policías y evidencia la sofisticación de las bandas que participan del lucrativo negocio.
La institución calcula que solo las ventas de merluza común extraída sin respetar las cuotas de captura que buscan evitar su colapso, alcanzan cada año los US$45 millones. «Las cadenas de pesca ilegal parten con la extracción, pero están generando verdaderos carteles en sus fases de distribución y comercio», dice el director nacional de ese servicio, José Miguel Burgos.
Las vedas y cuotas máximas para cada especie fijadas por comités científicos que buscan garantizar su sustentabilidad se convierten en normas de difícil aplicación, lo que explica que el 60% de las principales pesquerías del país esté agotada o sobreexplotada. Eso se debe a la enorme extensión del mar y un litoral de más de 4.000 kilómetros, con 461 caletas oficiales y el doble de puntos informales. Desde estos se inicia una carrera por llegar a los mercados de consumo, generando un tráfico que para el Sernapesca y la Policía de Investigaciones (PDI) tiene rasgos del narcotráfico.
Entre los recursos más afectados están la merluza común y austral y el congrio. Cargamentos sin certificación legal son llevados desde el sur (regiones del Biobío a la de Los Lagos) hasta la Metropolitana y de Coquimbo, abasteciendo ferias informales.
Cargamentos de pescado en camiones de doble fondo y en furgones escolares, que cuentan con vigilantes armados que enfrentan las «quitadas» de mercancía por parte de bandas rivales, han visto los fiscalizadores, relata el subdirector de Pesquería de Sernapesca, Jorge Toro.
Según Guisella Muñoz, directora de la ONG CeDePesca, los camiones tienen una parte de la pesca visada y el resto sin documentación. «Los choferes se comunican entre sí, alertándose de controles carreteros. También compran visas para blanquear la pesca», detalla. En la región Metropolitana se ubican en parcelas donde contactan a compradores para evitar controles.
Ataques a fiscalizadores
Los fiscalizadores han sido también víctimas de la violencia. «En 2014, dos funcionarios fueron retenidos en una plaza de la región del Maule y la oficina local fue destruida. En los controles, pese a ir con policías, hay intentos de agresión», asegura Toro.
La principal dificultad para combatir estas redes son las limitaciones de la Ley de Pesca. El comisario Carlos Muñoz, de la Brigada de Delitos contra el Medioambiente de la PDI, señala que considera la extracción ilegal en sus diversas fases solo como faltas, lo que impide a la policía contar con herramientas intrusivas para neutralizar a estas redes. Según el policía, recién la reincidencia configura un delito. «Para que no los pillen dos veces, los infractores recurren a documentos falsos y cambian sus medios de transporte», comenta.
Burgos complementa que las multas que pueden aplicar son «irrisorias» frente a las enormes ganancias. Aunque buscan endurecer las sanciones con el decomiso de los medios de transporte, «a los pocos días, vemos a la misma persona con un nuevo furgón».
Hasta junio de este año, Sernapesca había incautado 630 toneladas de pesca ilegal y de ellas 65 toneladas corresponden a merluza común. Un tercio de las 1.905 toneladas incautadas a igual fecha de 2016, cuando se interceptaron 99 toneladas de merluza.
Estudios de CeDePesca en caletas merluceras estiman que su venta ilegal equivale a 23.000 toneladas al año. Guisella Muñoz resalta que el 80% de los ingresos queda en manos de los distribuidores y comerciantes, que se exponen a multas menores que los pescadores. La insistencia en la extracción ilegal del recurso no solo baja su población sino que también su tamaño.
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