Luego que la Federación de Oficiales de la Marina Mercante (Fesitrasur, Sitranav y el Sindicato de Naviera Ulloa), que representa a más de 200 oficiales en la región de Los Lagos, se declarara en «estado de alerta» ante las nuevas exigencias de capacitación que está imponiendo la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) de la Armada, amparadas en dictámenes de la Organización Marítima Internacional (OMI) y las normas del Tratado de Manila, y que los obliga a capacitarse antes del 30 de junio de este año en cinco cursos de formación, fue el Consejo Sur Austral de Trabajadores Embarcados de la Marina Mercante (Cosatram) la que también salió a manifestar su posición.
A través de una declaración pública, la entidad sostuvo que le «merecen dudas la discriminación al instante de exigir normas al personal embarcado y no así al estándar de los buques, como avituallamiento, calidad de los equipos a bordo, hotelería, o simplemente el cumplimiento de las normas laborales».
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Tras ello, y en diálogo con AQUA, los directores del Sindicato Mar del Sur, Pedro Cáceres, Walter Sandoval y Alejandro Santibáñez –quienes pertenecen también a la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón y Ramas Afines– dijeron, entre otras cosas, que «estamos alzando la voz porque esto realmente no es aplicable a nuestro trabajo. Además, esta exigencia involucra un enorme costo social, especialmente para aquellas personas que, ganando $400.000, van a tener que costear de su bolsillo cursos por más de $1.000.000, a lo que se suma la estadía en Valparaíso».
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Pues bien, tanto ha sido el reclamo de los trabajadores de la marina mercante que recientemente la diputada Jenny Álvarez (PS) emitió un proyecto de resolución donde informa que la Cámara de Diputados resolvió solicitar a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, «que mandate a los ministerios de Defensa y del Trabajo que puedan suspenderse y revisarse los procesos de capacitación obligatorios para oficiales y tripulantes de la marina mercante nacional en curso, atendiendo el planteamiento de que estos cursos de formación están diseñados para tripulantes de embarcaciones de gran envergadura que realizan navegación oceánica e internacional, que no se aplicaría a la realidad de la gran mayoría de los marinos mercantes de la región sur-austral, que navegan en aguas interiores».
Con esto, argumentó la legisladora por el Distrito N°58 (representa a las comunas de Ancud, Castro, Chaitén, Chonchi, Curaco De Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Quinchao), se busca «evitar que los mercantes deban asumir importantes costos monetarios y de tiempo, en cursos cuya aplicabilidad es discutida en lo referido a la navegabilidad costera. Y junto con esto, que la anunciada movilización de los marinos mercantes desde el 1 de junio detenga gran parte de la actividad naviera de la flota, con impacto significativo en otras industrias, como la salmonicultura y el traslado de pasajeros».
Para conocer íntegramente el proyecto de resolución presentado por la diputada Álvarez, descargue el siguiente documento >> PR_Marina_Mercante