El personal embarcado que se desempeña en la industria acuícola nacional manifestó su preocupación por las nuevas exigencias de capacitación que está imponiendo la Autoridad Marítima, amparadas en dictámenes de la Organización Marítima Internacional (OMI) y las normas del Tratado de Manila, y que los obliga a capacitarse antes del 30 de junio de 2017 en cursos de formación cuya aplicabilidad sería para la navegación transoceánica y no para aguas interiores.
Los directores del Sindicato Mar del Sur, Pedro Cáceres, Walter Sandoval y Alejandro Santibáñez –quienes pertenecen también a la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón y Ramas Afines– explicaron que la Directemar está exigiendo a los oficiales y tripulantes de la marina mercante, que suman más de 12.000 personas en todo el país –y que se concentran en cerca de un 80% en la Región de Los Lagos–, la realización de cinco cursos obligatorios, los que se deben efectuar de forma presencial en Valparaíso (Región de Valparaíso) y que en conjunto tendrían un valor de más de $1 millón.
“Acá en el sur, estos cursos se exigen a todo el personal embarcado que se desempeña en naves mayores, muchas de las cuales prestan servicios a la acuicultura, como wellboats o barcazas. Lo cierto es que estas capacitaciones son aplicables a la navegación transoceánica y no a quienes navegan en aguas interiores, como es el caso de las actividades que nosotros realizamos”, expuso Pedro Cáceres.
El dirigente añadió que “estamos alzando la voz porque esto realmente no es aplicable a nuestro trabajo. Además, esta exigencia involucra un enorme costo social, especialmente para aquellas personas que, ganando $400.000, van a tener que costear de su bolsillo cursos por más de $1.000.000, a lo que se suma la estadía en Valparaíso”.
Debido a esta situación, los representantes del Sindicato Mar del Sur están solicitando una audiencia con los altos mandos de la Directemar en Valparaíso y están esperando también la respuesta del Ministerio de Defensa frente al tema. “Esperamos que este asunto se resuelva a la brevedad posible, ya que se pide que los cursos estén realizados con plazo al 1 de junio, o sea, en dos semanas más”, enfatizó Alejandro Santibáñez.
Hasta ahora, según lo manifestado por los dirigentes, son muy pocos los tripulantes que han efectuado estas capacitaciones, debido a lo complejo que les resulta viajar y desembolsar el dinero necesario para cumplir con el requisito. “Cuando se trata de cursos que efectivamente se pueden aplicar en nuestras labores y mejorar nuestra seguridad, nos esforzamos por cumplir; pero en este caso, esto no tiene nada que con el trabajo diario de quienes navegan en las aguas interiores del sur”, añadió el representante de Mar del Sur y la Coordinadora Nacional.
“Oficio” a la Directemar
Hace unos días, la Federación de Oficiales de la Marina Mercante (Fesitrasur, Sitranav y el Sindicato de Naviera Ulloa), que representa a más de 200 oficiales en la Región de Los Lagos, también manifestó públicamente su preocupación frente al tema. Estas organizaciones, al igual que Mar del Sur, han oficiado, por separado a las distintas autoridades sobre el caso. Esta última, de hecho, concurrió tanto al poder Ejecutivo como Legislativo.
El diputado por el distrito 57, Patricio Vallespín, enterado del asunto, también se hizo parte de la causa. Incluso, este jueves 11 de mayo, pidió en una intervención en la Cámara que se oficie a la Directemar para que explique el porqué de la exigencia. El congresista solicitó al ministro de Defensa que “ponga orden” en la citada repartición de la Armada, con el fin de poner fin a requerimientos que, a su juicio, no tienen relación con la realidad de miles de trabajadores embarcados del país.