En duros términos se refirió la presidenta del Sindicato Nacional de Plantas Procesadoras de Salmones Blumar, Paola Sanhueza, al actuar del Gobierno, al que calificó de «débil ante las presiones». Esto en relación con el conflicto social que se vive en el sur del país, donde se ha mantenido detenido el ingreso y salida de los vehículos desde y hacia la isla de Chiloé producto de las manifestaciones por la marea roja.
«En este conflicto las demandas van más allá de la situación de los pescadores. Esto es más profundo que el impacto de la marea roja. Entendemos y empatizamos con sus demandas, creemos que son legítimas, pero también sabemos que si persiste la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y los pescadores serán los propios habitantes de Chiloé quienes comenzarán a verse afectados con desabastecimiento, baja productividad de las diferentes actividades económicas, la disminución del turismo, entre otros. Por esto, esperamos que el diálogo entre ambos sectores dé frutos y se ponga fin a esta paralización de actividades en la isla grande», puntualizó la dirigente sindical.
Sanhueza, quien representa a 450 trabajadores con contrato indefinido, 120 con contrato eventual y a cientos de colaboradores de empresas contratistas del sector en la zona, enfatizó que «ya es hora que el Gobierno se ponga los pantalones y comience a dar respuestas claras a la opinión pública».
Vertimiento
De igual manera, aseguró que el vertimiento de salmones no tiene vinculación con la marea roja que afecta a la zona. «Estos fenómenos naturales son cada vez más comunes en todo el mundo y Chile no es la excepción. El sector se ha visto afectado en el último año por varios fenómenos, como la varazón masiva de anchovetas en Antofagasta, la de toneladas de sardinas en La Araucanía y Los Ríos, la muerte de ballenas en el extremo austral, la presencia inusual de fragata portuguesa en la zona central, la marea roja que afecta a la gente de Chiloé o la inusual presencia de bloom de algas que nos llegó a nosotros (los salmonicultores). Con esto, todos los que vivimos de esta industria nos hemos visto afectados por igual», argumentó.
Paola Sanhueza también afirmó que el proceso de vertimiento de salmones, a 130 kilómetros de la costa, se realizó «bajo parámetros internacionales, con estricto apego a las normas locales, con la autorización de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y la supervisión del Sernapesca y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). Así, el vertimiento se hizo en una zona con corrientes que se alejan del continente, lugar expresamente indicado por la autoridad. «De hecho, si bien a toda la industria se le había autorizado vertir 9.000 toneladas, se hizo el máximo esfuerzo para vertir la menor cantidad posible. Es decir, todo se hizo con total apego a la norma, con respeto a los tratados internacionales, en coordinación con las autoridades y bajo fiscalización», sostuvo la dirigente.
Trabajadores
En un comunicado entregado por la organización que representa, Paola Sanhueza, quien también es miembro de la Coordinadora de Trabajadores de las Plantas de la Industria Salmonicultora, aseveró que las y los trabajadores que representa están preocupados por el conflicto social que se vive en Chiloé, pues, según dijo, «nos afecta a todos».
«Esta industria ha generado un polo de desarrollo en la zona, por lo que el costo de estar paralizada es alto. Hay trabajadores que quieren trabajar, pero no los dejan y tienen temor de hacerlo. Acá, en Talcahuano (Región del Biobío), las plantas están llenas de trabajadores que no tienen materia prima para laborar, llevamos días paralizados. Son miles de piezas las que están paradas en camiones en el sur, sin que puedan llegar a su destino: nuestras plantas de procesamiento en la zona. Creemos que, incluso, probablemente gran parte de esa carga ya se perdió, por tantos días sin llegar a su destino», pronosticó.
Paola Sanhueza fue firme al declarar que «una vez más, los trabajadores de la industria acuícola-pesquera pasamos a segundo plano en la agenda del Gobierno, porque recordemos que, antes de la marea roja, nosotros estábamos trabajando en un petitorio para las autoridades a propósito del despido masivo de trabajadores en Puerto Montt, donde la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) dio a conocer la situación que se estaba viviendo en la industria del salmón. Pero, con esto, otra vez fuimos relegados a segundo plano, sin que se consideren nuestras demandas. Pareciera que el Gobierno solo hace caso si se queman neumáticos y se organizan protestas más radicales. Al final, las autoridades sacan recursos de todos los chilenos para cumplir con los requerimientos de un solo sector, sin considerar a otros, como los pescadores del sector industrial que quedaron sin ninguna solución», reclamó.
Agregó que en la Región de Los Lagos los trabajadores temen perder su fuente laboral, producto de esta paralización de actividades causada por la falta de materias primas, aunque, sin embargo, «la gerencia habló con nosotros y nos dijo que no nos preocupáramos porque eso no pasaría. Se han portado muy bien con los trabajadores», aseguró.
Pérdidas
En tanto, el gerente general de Salmones Blumar, Gerardo Balbontín, reportó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la suspensión «casi total» de las faenas de cosecha y una pérdida de US$200.000 por deterioro de materia prima en tránsito, así como la «casi nula» actividad de su planta en Talcahuano. A esto sumó menores ingresos por ventas de US$3 millones.
«Hasta el momento, el mayor impacto económico es la pérdida de imagen de nuestra compañía, de Chile, y de la industria del salmón en forma especial en su estatus de proveedor confiable para los mercados internacionales, dado que no hemos podido cumplir con nuestros compromisos de abastecimiento de salmón fresco a nuestros clientes, compuestos por múltiples cadenas de supermercados y distribuidores, que diariamente deben recibir nuestro producto fresco, y el riesgo latente de agresión a nuestros trabajadores, invasión violenta de las instalaciones y sustracción de materia prima por parte de grupos violentistas», aseguró Balbontín.
Por otra parte, manifestó que la planta de procesos de salmones ubicada en Talcahuano, que da empleo a un total de 600 personas, en su mayoría mujeres, se encuentra con «muy poca actividad» desde la semana pasada. «Este hecho evidentemente también perjudica los ingresos de dichos trabajadores y pone en riesgo su estabilidad laboral, dado que no es sostenible poder mantener dichos puestos de trabajo por mucho tiempo si la paralización ilegal se mantiene», adujo el timonel ejecutivo de Blumar.
En relación con los centros de cultivo, dijo que existen «riesgos latentes» que se pueden producir en el corto plazo si el paro llegase a bloquear el flujo normal del transporte terrestre y marítimo que abaste de alimento para salmón a los centros, lo que se podría traducir en un menor crecimiento de la biomasa y eventuales enfermedades.
Por otra parte, puntualizó, existe también un riesgo sanitario al no poder retirar la habitual mortalidad de los centros y cosechar la biomasa que se encuentra enferma, «lo cual podría provocar algún brote sanitario sin posibilidad de control», subrayó Balbontín, concluyendo que todos estos riesgos no son posibles de cuantificar por el momento.