La Asociación de Salmonicultores de Magallanes salió a manifestar este martes 28 de marzo su rechazo al proyecto de ley presentado por el diputado Gabriel Boric que busca congelar las concesiones en trámite a salmonicultoras en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
En esa línea, el gerente del gremio, Cristian Kubota, sostuvo que una moratoria en este minuto «lo único que conseguiría es seguir retrasando el proceso de ordenamiento del borde costero», ya que en el austral territorio no se están recibiendo nuevas solicitudes de concesiones. «La modificación legal propuesta no viene a solucionar ningún problema, solo viene a crear una incerteza jurídica innecesaria, que desalienta la inversión que realizan las empresas en la región, ya que no se puede seguir proyectando una industria en base a continuos cambios en las reglas del juego».
Kubota recordó que desde octubre de 2016 en toda la región no se pueden ingresar nuevas solicitudes de concesión para el cultivo de salmónidos. A ello, añadió, se deben sumar las resoluciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) como del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) relativas a los plazos para actuar y a la elaboración de planes de acción ante eventos de mortalidades masivas, además de modificaciones a los reglamentos Medioambiental (RAMA) y Sanitario (RESA) que regulan la actividad. Todas estas resoluciones cumplen en la práctica -según el representante gremial- el efecto que busca la modificación legal presentada por el diputado Boric.
El camino entonces, aducen desde el gremio, es resolver lo «antes posible» la situación de las solicitudes aún en trámite. «Para no seguir con esta incertidumbre que hay, y para evitar que la gente especule, queremos que de una vez por todas terminen el proceso y si solo van a entregar 40 o 60 concesiones, que así sea, pero que se termine un proceso que lleva mucho tiempo», enfatizó el vicepresidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Óscar Garay.
Según información del Sernapesca, actualmente hay 450 solicitudes pendientes. De estas, unas 255 serían rechazadas por no cumplir con la normativa, por ejemplo, de mayores distancias entre centros productivos. Así, existen 195 solicitudes que podrían ser otorgadas.
«Estimamos que en el mejor de los casos se entregarán alrededor de 60, si es que no menos», estima Garay. El dirigente gremial agrega que no hay espacio para que las empresas presenten nuevas solicitudes en Magallanes, «por lo que los esfuerzos deben centrarse en trabajar en conjunto (entidades públicas e industria) para terminar este ordenamiento para luego abocarnos a todas las iniciativas que vayan por el camino de la sustentabilidad, en armonía con el entorno y con las demás actividades económicas que se desarrollan en la región; algo que desde hace mucho tiempo es prioritario para la industria en Magallanes», aseguró el vicepresidente gremial.