ENGLISH (EN)
Undersecretary calls attention to the battle against illegal fishing in Chile
During the second day of the Fisheries and Aquaculture Economic Forum 2018, in Mexico, the Undersecretary Eduardo Riquelme highlighted the Chilean government’s zero-tolerance policy against illegal fishing.
In the course of the sustainability panel, Riquelme described the measures the Executive branch is pushing forward, directed at penalizing all people involved in this criminal activity. These measures place responsibility not only on the people capturing the marine resources but also on the entire supply and commercial chain.
Riquelme has fought to include this measure in the bill to modernize the National Fisheries and Aquaculture Service (Sernpesca) and has propelled the installation of new fishing control points.
Sernapesca estimates illegal fishing activity annually amounts to about US$300 million.
ESPAÑOL (ES)
Durante la segunda jornada del Foro Económico de Pesca y Acuicultura 2018, en México, el subsecretario Eduardo Riquelme destacó la política de tolerancia cero contra la pesca ilegal que impulsa el gobierno chileno.
En el curso de un panel sobre sustentabilidad, Riquelme detalló que las medidas impulsadas en este plano por el Ejecutivo, apuntan a sancionar a todas las personas que están detrás de ese fenómeno criminal.
Así, no solo se pretende hacer efectiva la responsabilidad de quien captura recursos marinos fuera de la norma –a veces, el eslabón más feble de la cadena-, sino principalmente de las redes de comercio, distribución y transporte de la pesca ilegal.
El subsecretario hizo, además, hincapié en que este delito constituye una amenaza mayor contra la sustentabilidad de los recursos, pues no discrimina, por ejemplo, en sus respectivos niveles de conservación.
Al asumir el cargo, Riquelme anunció que uno de los ejes de su gestión sería precisamente el combate contra la pesca ilegal.
En ese marco, el subsecretario ha bregado por el despacho en el Congreso del proyecto de ley de modernización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), que tipifica aquella conducta como un delito, en planos específicos.
Paralelamente, ha impulsado medidas como la reciente instalación de un control carretero en la Ruta 5 Sur, a la altura de Paine, destinado a fiscalizar los vehículos que transportan pescados y mariscos hacia la región Metropolitana.
El subsecretario ha dicho que las redes de pesca ilegal emplean en ocasiones tácticas similares a las de los narcos, como amenazas, agresiones físicas y hasta emboscadas.
Al darse al margen de la ley, resulta imposible calcular las sumas que estas operaciones involucran en el país. Pero el Sernapesca estima que anualmente hay unos US$300 millones en juego.
La pesca ilegal amaga igualmente la salubridad pública, pues nadie garantiza la calidad de los productos que llegan finalmente al consumidor.
Esa actividad clandestina implica, además, un perjuicio directo para aquellos que ejercen la pesca de manera honesta, y se esfuerzan por cumplir con la normativa vigente.
El encuentro al que asistió el subsecretario fue convocado por el comisionado nacional de Pesca y Acuicultura de México, Mario Aguilar, quien ocupa el cargo desde fines de 2012 y permanecerá en esas funciones hasta diciembre próximo.
Aguilar es responsable en ese país de la planificación, programación, organización y dirección de los asuntos pesqueros y acuícolas, al alero de la Secretaría (ministerio) de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca.
Belice, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Perú, se cuentan entre los estados, que junto con Chile y México, participaron en el foro, en el que se abordaron múltiples temas relacionados con la pesca y la acuicultura, los días 20 y 21 de septiembre.