El gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros (Pymepes A.G.), Alfredo Irarrázaval (en la foto), escribió una columna de opinión titulada «Pesca ilegal, la campaña industrial» que a continuación reproducimos íntegramente:
«Chile está en deuda con la conservación de sus peces y el consumo de productos del mar, pero para salir de este problema a veces ponemos la carreta 
delante de los bueyes o apuntamos al blanco equivocado y así nunca podremos avanzar o tal vez no se quiera avanzar. Reflejo de esto es la campaña de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) contra la pesca artesanal de botes de madera que subsisten capturan merluza común para alimentar a Chile en cinco regiones.
Mientras ha quedado develado el grave daño que la flota industrial ocasiona sobre la biomasa de merluza común que, como se aprecia en el siguiente link, por años han sido devueltas muertas al mar, peor aún amparado por la autoridad y sus estudios de monitoreo.
Vea: La absurda matanza «por accidente» de cientos de toneladas de merluza en veda
Hoy ocurre que no existe urgencia real para proteger los recursos pesqueros, se toma tiempo para levantar datos e información que nunca se encuentra y entre medio se da libertad de acción a los actores industriales que utilizan los artes de pesca más depredadores del sector, como lo es la pesca de arrastre.
Hemos llevado las cosas al límite y puesto en serio riesgo nuestros peces y a quienes vivimos de ellos. Además, gracias a la cuestionada ley de pesca el 60% de la merluza común está en manos de una sola empresa de la región del Biobío y un par de familias, mientras el otro 40% se tiene que repartir entre más de 10.000 pescadores artesanales de cinco regiones.
Algo anda mal en esta ley de pesca y ya todos lo saben. Es una dolorosa contradicción sostener que debemos aumentar el consumo de pescado en Chile y a la vez intentar que los pescadores artesanales sean criminalizados y encarcelados por llevar este alimento a la mesa de la familia chilena. La ley de pesca debe ser corregida sin duda, pero para bien, poniendo la carreta detrás de los bueyes.
Es urgente revisar los derechos otorgados a las empresas que además son investigadas por financiar ilegalmente la política. La merluza común debe ser redistribuida, incluso por justicia debería ser exclusivamente para la pesca artesanal y así alimentar a Chile y a nuestra gente con todas las de la ley».