La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) estimó que las ganancias para quienes están involucrados en las que han sido denominadas las «mafias» que se dedican a la pesca ilegal y su comercialización pueden llegar a los US$30 millones anuales, por lo que el gremio formuló un llamado a las autoridades a no decaer en los esfuerzos por fiscalizar y castigar a los responsables de este delito que es una limitante más para impedir la recuperación de las pesquerías y recursos afectados.
Lo anterior, tras los incidentes de los últimos días en los terminales pesqueros de Santiago (Región Metropolitana), Valparaíso (Región de Valparaíso) y Talcahuano (Región del Biobío), donde comerciantes y pescadores se han opuesto por la fuerza a fiscalizaciones del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
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La cifra presentada por la Asipes solo corresponde a los ingresos por la extracción y venta del recurso merluza sin acreditación de origen, pues, de acuerdo con un estudio realizado este año por la ONG Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable (Cedepesca), en nuestro país se extraen en torno a 20.000 toneladas de merluza común -o pescada- de forma ilegal.
Sustentabilidad en riesgo
La pesca o extracción ilegal de recursos pesqueros hace referencia al delito de obtener pescados o mariscos de manera indebida, fuera de autorizaciones de pesca o robado desde zonas de cultivo o áreas de manejo, sin conciencia sobre su recuperación y afectando la sustentabilidad de las especies.
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«Las cuotas de pesca, tanto para el sector artesanal como para el industrial, están construidas bajo la lógica de protección y recuperación de las especies con el objetivo de que sean un recurso renovable y factible de generar trabajo para todos quienes participan de él», argumenta la jefa de Sustentabilidad de la Asipes, Macarena Cepeda Godoy.
En el caso puntual de la merluza, la cuota artesanal es de 9.200 toneladas, sin embargo, según lo asegurado por la representante del gremio industrial, se extrae ilegalmente tres veces esa cifra, «por lo que de no mediar un cambio en esta tendencia, la merluza terminará extinguiéndose».
Salud pública
Por esa razón, la Asipes afirmó que respalda el creciente número de fiscalizaciones que se están ejecutando en diferentes terminales pesqueros para acreditar el origen legal de los pescados y mariscos que allí se comercializan. «La pesca ilegal acaba con las especies, genera una evasión tributaria monumental y también es un tremendo problema sanitario, pues estas capturas no cuentan con trazabilidad sobre su origen, calidad, transporte y conservación, lo que es un riesgo para la población que consume estos alimentos del mar».
Al respecto, la jefa de Asuntos Públicos de la Asipes, Verónica Ceballos Barrón, subrayó que la pesca ilegal también afecta a los pescadores artesanales honrados que pescan sus cuotas y cuidan sus recursos; esto porque, según dijo, quienes pescan ilegalmente venden sus productos a un menor valor, generando una pérdida económica y de sustento para quienes respetan las normas.
«La pesca ilegal es un delito gravísimo y no es posible condicionarla a que las cuotas son pequeñas. El problema radica en la cantidad de embarcaciones que dispone la flota artesanal, donde hay muchos para muy pocos peces», puntualizó.
Verónica Ceballos también manifestó que el sector industrial está «libre de pesca ilegal, pues la flota es monitoreada por la autoridad vía GPS, tiene certificación de descarga y trazabilidad de todos sus productos; por lo que culpar a la industria del deterioro de esta pesquería es buscar desviar la atención del problema de fondo», concluyó la representante de la Asipes.
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