En medio de una nutrida asistencia de funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y de representantes de la pesca artesanal de la región del Biobío, el Senado despachó durante la tarde del pasado miércoles 2 de mayo -para su tercer trámite constitucional- el proyecto de ley que moderniza al Servicio y le otorga mayores facultades para el control y combate a la pesca ilegal.
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La aprobación fue celebrada por la directora nacional (s) del Sernapesca, Alicia Gallardo, quien explicó que este proyecto «ha sido objeto de una profunda discusión y análisis por parte de ambas cámaras, en las respectivas comisiones de Pesca y Acuicultura, de Hacienda y de Constitución. Agradecemos el amplio respaldo que los senadores de todos los sectores han brindado a esta iniciativa, que por una parte reconoce la labor de los funcionarios del Sernapesca, y por otra otorga más facultades al Servicio para una mejor regulación del sector, proteger la pequeña pesca artesanal y asegurar la recuperación de aquellos recursos en estado crítico».
Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, comentó que «la aprobación de este proyecto es una muy buena noticia. Los fiscalizadores del Servicio desarrollarán ahora su tarea en mejores condiciones y de manera más segura. Junto con lo anterior, contaremos con herramientas legales más eficaces para perseguir y sancionar a quienes integran las redes que están detrás de la pesca ilegal».
El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, Rabindranath Quinteros, destacó la creación de nuevas infracciones y delitos para el combate de la pesca ilegal, «que es uno de los negocios ilícitos más prósperos del planeta, particularmente del negocio en tierra, adquiriendo cada vez mayor complejidad su operación, y por lo tanto más difícil su persecución».
En la misma línea, el senador Iván Moreira destacó que el proyecto pone el foco sancionatorio en las etapas de post captura, y protege al pequeño pescador artesanal. «(El proyecto) tipifica los delitos de extracción ilegal, estableciéndose sanciones no solo para quien lo extrae sino también para quien hace receptación de estos recursos. Así también, resguardará las áreas de manejo que hoy son atacadas por inescrupulosos, protegiendo así a los pescadores artesanales que se esmeran por cumplir con la legislación».
Según estimaciones del Sernapesca, las ganancias producto de la pesca ilegal de merluza común, merluza del sur y pesca pelágica superan en nuestro país los US$260 millones anuales. Para revertir esta situación, la propuesta normativa castiga con dureza a quienes obtienen el mayor beneficio económico con la pesca ilegal, y que muchas veces están en las etapas de procesamiento y comercialización (post captura).
De igual manera, el proyecto reconoce la certificación de los desembarques como una función pública que deberá realizar el Sernapesca, para lo cual contempla la contratación de 233 nuevos funcionarios. De este modo, se fortalecerá la trazabilidad de los productos del mar, pudiendo hacerle seguimiento a lo largo de toda la cadena productiva, desde su extracción hasta que son exportados o puestos a disposición del consumidor final.