(CIPER) Hace casi un año el Ministerio Público formalizó al senador Jaime Orpis por cohecho y fraude al Fisco. Lo mismo hizo con la ex diputada Marta Isasi. Ambos son acusados de recibir dinero de Corpesca para incidir en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca en 2012, entre otros delitos. Los antecedentes acumulados en la investigación han permitido dar un vuelco inédito: no solo la pesquera de los Angelini fue formalizada por soborno, sino que la indagatoria judicial se amplió a toda la industria pesquera nacional.
En este reportaje, CIPER revela nuevos antecedentes: millonarios pagos de Lota Protein, la pesquera noruego-danesa que buscaba entrar con fuerza en el mercado nacional, a asesores de los senadores Antonio Horvath y Carlos Bianchi, y nuevas boletas de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y Pesquera Blumar a diputados en ejercicio, y también a familiares y asesores de dirigentes políticos.
Hasta ahora no habían aparecido antecedentes que apuntaran a pagos desde Lota Protein, pero los $274 millones que le pagó a Bernardo Caro, asesor del senador Horvath, entre 2011 y 2013, la ponen en la mira de la investigación judicial. La misma pesquera aparece pagando otros $17 millones a asesores del senador Carlos Bianchi. Ambos legisladores asumieron posturas en línea con los intereses de Lota Protein durante la tramitación de la Ley de Pesca: instaurar licitaciones para repartir las cuotas de pesca, las que históricamente han estado en manos de nueve familias (ver reportaje de CIPER “Los nueve dueños del mar chileno”).
CIPER no solo revisó la contabilidad de Lota Protein, sino que también la de Asipes, organización gremial de las pesqueras del sur, que era presidida por Luis Felipe Moncada y que, tal como reveló CIPER, entregaba dinero transversalmente a dirigentes políticos y sindicales de la Región del Biobío. Ahora se suman nuevas boletas de esa gremial y que fueron emitidas por diputados actualmente en ejercicio, además de pagos a asesores de otros congresistas.
CIPER también accedió a los registros de la Pesquera Blumar, de las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz. Blumar es miembro de la Asipes y ejerce en esa asociación gremial un rol relevante. La pesquera aparece pagándole a militantes UDI, PS y DC, incluido un diputado en ejercicio.
La Fiscalía allanó las dependencias de Lota Protein, Asipes y Blumar en agosto y septiembre del año pasado y en su indagatoria ya se acumulan testimonios de personas que reconocen haberles emitido boletas sin haber realizado ningún trabajo para ellas. La industria pesquera comenzó a aparecer en el radar de los fiscales durante 2013 cuando Francisco Mujica, el otrora poderoso gerente general de Corpesca, reconoció a CIPER los pagos irregulares a la diputada Marta Isasi (ver reportaje).
En febrero de 2015 se hicieron públicos los aportes ilegales de SQM a la política y fue cosa de tiempo para que se descubriera que algunas de las personas que aparecían entregando boletas ideológicamente falsas a la minera, figuraban también en la contabilidad de empresas pesqueras. Eso sucedió con cuatro boleteros de la red organizada por «Titi» Valdivieso, la asesora histórica de Pablo Longueira: Nicolás y Gustavo Guíñez, Sebastián Prat y Alfonso Mora Domínguez.
La investigación a cargo de la fiscal Ximena Chong y el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, ha dejado en evidencia la cooptación ejercida por el sector pesquero a dirigentes políticos, a funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y de otras instituciones del Estado. En el caso de Corpesca, su ex gerente general, Francisco Mujica, mantenía una red de informantes y colaboradores en todo el aparato público, a quienes pagaba y daba instrucciones para beneficiar a la pesquera. Hoy esa relación aparece mucho más profunda y extendida.
En enero pasado, CIPER publicó correos electrónicos entre el gerente general de la Asipes, Luis Felipe Moncada, con la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselbergue, donde el dirigente gremial pauteaba los pasos de la legisladora en la Comisión de Pesca del Senado (ver reportaje «Así pauteó Asipes a la senadora Van Rysselberghe cuando presidió la Comisión de Pesca»).
En esos mismos mails está la huella de la cercanía de Moncada con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico (PS), quien realizó favores a la Asipes sin transparentar que su pareja, Marcela Viveros, había recibido $33 millones de esa asociación gremial entre 2010 y 2013. Después de la publicación de CIPER, Súnico debió renunciar a su cargo (ver reportaje «Los correos que muestran los favores del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras» y la entrevista que luego le concedió a CIPER «Súnico responde por su polémica relación con las pesqueras del sur»).
Jacqueline Van Rysselberghe y Rául Súnico figuran en la nómina de aportes reservados vía Servel entregados por las empresas pesqueras a políticos y que reveló El Mercurio el 3 de marzo. La presidenta de la UDI obtuvo $17 millones de Camanchaca Pesca Sur, Landes y Pesquera Itata. Súnico suma $13 millones aportados por Alimentos Marinos (Alimar).
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