«Perder la autonomía en la administración de las caletas y proponer de manera encubierta la municipalización de estas», fueron algunas de las críticas que se plantearon desde el mundo artesanal al proyecto de ley que regula el desarrollo integral y armónico de caletas, cuyo objetivo es regularizar, bajo un procedimiento expedito, la obtención de la titularidad de las caletas pesqueras.
Lo anterior fue discutido en el marco del proyecto «Nodo Fortalecimiento de la Competitividad de Puertos Pesqueros Artesanales de la Región de Los Lagos (16Nodo 59875-1)», realizado el martes 15 de noviembre en la ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos.
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En la instancia se estableció un panel en el que participaron Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach); José Alvarado, presidente de la Federación de Pescadores de Hualaihué y representante legal del puerto de Pichicolo; Juan García, presidente del Sindicato de Pescadores de Anahuac y representante legal de la caleta homónima, ubicada en la comuna de Puerto Montt; y Marco Ide Mayorga, presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur-Valdivia (Fipasur) y del Consejo de Administración del Puerto de Niebla, quienes expusieron y concordaron en las principales observaciones al proyecto de ley.
A continuación reproducimos íntegramente las propuestas planteadas por el panel:
1.- Las solicitudes de destinación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) pueden verse afectadas por la aplicación de la «Ley Lafkenche», que entrabe el otorgamiento o renovación de la destinación de caleta.
2.- No está resuelta la continuidad de la destinación del Sernapesca cuando la Dirección de Obras Portuarias (DOP) proyecte la construcción de obras en la caleta.
3.- La comisión intersectorial con facultades fiscalizadoras es considerada un elemento de intromisión en la autonomía de las organizaciones respecto de la administración de las caletas.
4.- Se rechaza la integración a la comisión de alcaldes y secretarios regionales ministeriales (seremis) de Economía por el riesgo de politización partidaria que pudiera ocurrir.
5.- Se rechaza totalmente la autorización previa de la comisión intersectorial a los contratos de arriendo y comodato por afectar la autonomía de las administraciones de caletas y debilita el control de la propia organización.
6.- Se rechaza la prohibición de celebrar arriendos y comodatos sobre infraestructura portuaria o espacios destinados a actividades propias de la pesca artesanal, porque disminuye los espacios susceptibles de arriendo y comodato, y porque se entromete en la definición del modelo de negocios, cuestión esencialmente privada y de resolución caso a caso.
7.- Se rechaza el veto que puede establecer la comisión al administrador, bajo sanción de poner término al convenio de uso.
8.- No se regula la transición entre una administración actual sin concesión y que la obtiene un tercero, respecto de los contratos vigentes, personal con contratación indefinida, inversiones realizadas, entre otros.
9.- No queda claramente establecido la posibilidad que organizaciones de segundo grado -es decir, integradas por personas jurídicas y no naturales- puedan acceder a la administración de las caletas, en circunstancias que actualmente administran en distintas caletas. Ejemplos: Niebla, Calbuco, Pichicolo.
Además, en el panel se manifestó que en las condiciones que propone el proyecto de ley para los actuales concesionarios de caletas, la opción más favorable sería pagar patente y mantener una concesión marítima con todas sus facultades y ajenos a la fiscalización de la comisión intersectorial.
Para cerrar, Zoila Bustamante dijo esperar que el Gobierno «se dé el tiempo para dialogar y mejorar el proyecto de ley, impulsado desde la pesca artesanal, desde la Conapach, y que logremos finalmente la ansiada ‘legalización de las caletas'».