Precedido de una polémica y una mayor presión de grupos de interesados en el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta continuó el análisis del instrumento que cumple su segundo trámite, abocando sus consultas a los temas que más reparos han generado.
Los senadores Ricardo Lagos Weber, Iván Moreira y José Miguel Insulza hicieron presente su preocupación por las distintas presiones -algunas más agresivas que otras- sobre los legisladores que han hecho presente una visión más de apertura o una opinión más favorable al tratado.
“A mi juicio se ha producido una sobre ideologización”, comentó el senador Moreira, quien junto con sus pares coincidió en la necesidad de 
dar “mayor difusión y transparencia a un debate sobre el texto del proyecto de acuerdo pues se trata de “sopesar las ventajas y desventajas de este instrumento para el país”.
Del mismo modo, solicitaron al Ejecutivo asistir a “todas las audiencias públicas” de modo de “responder en el acto a las consultas y preocupaciones de los representantes de ONG’s y organizaciones sociales que tienen que ver principalmente, con el efecto que tendría el tratado en los precios de los medicamentos, la propiedad de las semillas y el futuro de la agricultura campesina y de los pueblos originarios”.
(Revise el video de la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores)
A su turno, el senador Alejandro Guillier resumió las inquietudes y críticas al TPP11 en el siguiente tenor:
1) ¿Qué pasa con el tratado después de la salida de Estados Unidos y hasta qué punto este país podría volver y exigir aquellos puntos que están “suspendidos”?
2) ¿Bastará con que un país reponga estos puntos, para que rijan sin necesidad de pasar por el Congreso Nacional?
3) ¿Qué sucede con el mecanismo de resolución de controversias pues se dice que hay una orientación pro empresas. Por ejemplo, si se decide acortar el plazo para descarbonizar la matriz energética eso significaría para el Estado chileno tener que compensar a estas empresas?
4) ¿Qué sucede con los derechos laborales porque ha quedado instalado que se reconocen algunos derechos pero esto, es un piso o un techo? Chile tiene estándares más altos en esta materia, por lo que existen derechos adquiridos.
5) ¿Qué sucede con los fármacos y uso de genéricos, cuál es el plazo y qué pasa con la duración de las patentes, obviamente, si se alargan los plazos incluso a diez años, por concepto de propiedad industrial, esos fármacos no serían accesibles para miles de familias? ¿Cuál es el plazo y bajo qué condiciones los avances de las ciencia se trasladan a la población?
6) ¿Qué pasa con los transgénicos, porque hay testimonios de la destrucción de semillas que serían de propiedad de esas patentes? Hay quienes tienen temen que se vean afectadas las semillas nativas .
Los representantes de la Direcon: Rodrigo Yáñez, director general de Relaciones Económicas Internacionales, y Felipe Lopeandía, director de Asuntos Económicos Bilaterales, respondieron las consultas sosteniendo específicamente que muchos de los temas que circulan como parte del tratado se trata de “normas suspendidas”, es decir, “no operan automáticamente por tratarse de aquellas disposiciones que se consideraban cuando Estados Unidos estaba en el tratado TPP11″.
Por lo tanto, “no depende de la voluntad de ese país y todas estas disposiciones se deben renegociar y someter a la consideración del Congreso”. “Eso lo hemos hecho presente en cada una de las reuniones de negociación del tratado”, dijeron.
Fármacos, semillas y patentes
En tanto, respecto a la protección de especies vegetales y la propiedad intelectual, los representantes de la Direcon explicaron que “el TPP11 no innova en nada de lo ya legislado en torno al convenio vigente del UPOV91 y que incorpora la obligación de adherir al acta en materia de inscripción por la obtención de nuevas especies vegetales. Es decir, solo queda pendiente dictar la reglamentación de dicho convenio”.
Recalcaron que “este convenio no afecta las variedades vegetales tradicionales y abre la posibilidad de registrar esas variedades y que no sean sujetos de ninguna propiedad intelectual”; además, «se prevén excepciones de la pequeña agricultura y se trata de impedir un cobro por la reutilización de semillas».
Por otro lado, afirmaron que respecto a las inversiones, las empresas y los trabajadores, los personeros aclararon que no se trata de establecer preferencias a las empresas, sino que estas se rijan por los actuales convenios internacionales y, en esta línea, «el acuerdo busca generar reglas parejas en el comercio sin que exista dumping social ni comercial, evitando por ejemplo, aquellos productos que proviene del uso de mano de obra infantil».
En cuanto a los pueblos originarios, los senadores de la Comisión solicitaron al gobierno mayores antecedentes sobre el oficio del Ministerio de Desarrollo Social que en 2016 exceptuó a este tratado del proceso de consulta.