«No más muertes por salir a trabajar en los mares del sur de Chile» se titula una declaración entregada por la Federación Nacional de Sindicatos Marítimos y Gente de Mar (Fesimar), y la cual a continuación reproducimos íntegramente:
«La marina mercante de cabotaje, a lo largo de nuestro mar territorial, viene denunciando desde hace una década la falta de cumplimiento a las normas marítimas, impulsadas por Armasur (Asociación de Armadores de Transporte Marítimo Sur Austral A.G.) y aceptadas por la Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile) y sus autoridades marítimas, cuyas consecuencias, una vez más, provocó la muerte y un desaparecido en el golfo de Ancud (región de Los Lagos), tras colisionar la motonave (M/N) «Argelina» con una lancha de pesca artesanal, los que se encontraban en labores propias de captura en pleno mediodía y sin problemas de visibilidad.
En efecto, por un lado, se han bajado las exigencias para la obtención de los títulos y decenas de cursos de alto valor económico que suman recursos a Directemar, y que son impartidos por OTEC (Organismo Técnico de Capacitación) o el mismo CIMAR (Centro de Instrucción y Capacitación Marítima), sin que intervenga el Ministerio de Educación para verificar que las mallas curriculares se cumplan.
También se ha dejado al arbitrio de los armadores, y especialmente a Armasur, para que las dotaciones mínimas de seguridad sean flexibilizadas, es decir, una tripulación de tres en el puente, tres en la máquina, cuatro marinos y un cocinero se han reducido a uno o dos oficiales en cada departamento, y muchas veces sin cocinero, especialmente en los remolcadores, lo que hace imposible que los trabajadores que laboran a bordo de las naves, por más de doce horas al día, en condiciones inhóspitas como es la actividad a bordo de una embarcación en navegación marítima que cada día se hace más compleja y peligrosa, sobre todo en las aguas interiores en que se deben sortear islas, islotes, centros de cultivo, otras naves, etcétera, sin sus tiempos de descansos y de alimentación.
Esta cruda realidad del personal embarcado no ha sido considerada por la autoridad marítima, quienes ejercen una tutela de una estructura militarizada sobre toda la actividad en el mar, con efectos en la economía, condiciones de trabajo y medio ambiente, sin contrapeso por ninguna otra institución del Estado, donde los reclamos de los afectados son motivos de sanciones, por protestar o hacer las denuncias de los reiterados abusos empresariales.
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Recién la semana pasada, denunciamos al capitán de la empresa Frasal, Juan Estuardo, por obligar a los tripulantes a cubrir las guardias de timón por cuatro horas continuas, sin tener las competencias ni las capacitaciones para estas funciones, poniendo en todo momento en peligro la navegación y las vidas humanas en el mar. La autoridad marítima hace caso omiso a estas denuncias, muchos de estos oficiales son retirados de la Armada, y vienen a las navieras a imponer un régimen autoritario y de prepotencia.
Lamentamos y solidarizamos con las familias de los pescadores artesanales fallecidos en el golfo de Ancud, como también con la familia del tripulante general de cubierta Carlos Chávez Lafferti, quien falleciera a bordo de la M/N «Logimar II», el pasado 17 de enero de este año, en un accidente laboral, mientras descargaban estructuras metálicas en un centro de cultivo en la región de Aysén.
Para evitar futuras desgracias se deberá hacer cumplir las normas vigentes y los convenios internacionales que regulan la navegación de los mares, y esto le corresponde a Directemar como responsable activo, debido a que en Chile esta institución mantiene un control total de esta actividad, siendo juez y parte, sin contrapeso de ninguna otra institución del Gobierno central. Por esto resulta fundamental que todos los trabajadores embarcados hagamos sentir nuestra voz en la memoria que Chile debe presentar este año sobre el MLC 2006 que establece condiciones mínimas de trabajo y vida a bordo de naves, y convenio OIT (Organización Internacional del Trabajo) ratificado por Chile».