Alfredo Irarrázaval, quien es el gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros A.G. (Pymepes), envió una carta a AQUA para referirse al proyecto de ley que fortalece al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en su labor fiscalizadora.
A continuación la reproducimos íntegramente:
«Un nuevo terremoto social se avecina para el sector pesquero con epicentro en la pesca artesanal de pequeña escala, pueblos originarios, transportistas, comercializadores y plantas procesadoras. El origen: ‘La Ley Súnico’ como se le llama entre los que conocen la tramitación de un proyecto de ley que amenaza con cárcel al sector pesquero. Se trata de una ley que no está en el radar de los pescadores y curiosamente tampoco en el de muchos parlamentarios; es una iniciativa acorde y alineada a la campaña criminalizadora de Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros) en contra de la pesca artesanal, aduciendo que los más pequeños pescan más de lo que tienen afectando el negocio de los grandes. Claro, porque la denominada ‘Ley Longueira’ le entregó las tajadas más grandes de la torta a un puñado de empresarios y las migas se repartieron en todo el pueblo artesanal a lo largo de todo el país.
Ese es el caso de la merluza común, el derrotero de esta nueva reforma a la Ley de Pesca que discute el senado. Hay que recordar que dicha ‘Ley Longueira’ asignó especies como la merluza de cola y la merluza de tres aletas en un 100% a las empresas industriales, además del 90% del jurel, así también el 60% de la torta de merluza común les pertenece gracias a la Ley de Pesca. Por cierto las empresas obtienen ganancias suculentas que no existen entre los botes artesanales que subsisten usando anzuelos y viviendo apenas al día.
Esta reforma contempla penas de crimen para el sector que van desde los cinco años y un día hasta los diez años de cárcel, penas que el Código Penal reserva para delitos de suma gravedad como el homicidio, que hasta hace un año tenía la misma pena que con esta ley se quiere imponer a los pescadores, transportistas, comerciantes o procesadores si es que no logran acreditar el origen legal del recurso pesquero.
Me pregunto si han pensado en los pueblos originarios, en los pescadores de los fiordos australes, o quizás los vendedores de pescado en las ferias libres que estoy seguro no tienen la cultura de resguardo documental y que con esta ley podrían quedar tras las rejas. Quiero pensar que esta ‘Ley Súnico’ ha pasado inadvertida y que los senadores sabrán reparar en las consecuencias irreversibles aprobadas por los diputados».