(La Tercera PM) Bajo absoluta reserva y durante los últimos seis meses se han reunido distintos gremios vinculados con la acuicultura, la pesca y transportes marítimos a fin de consensuar una propuesta en conjunto al alero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), a fin de solicitar al gobierno cambios a la denominada Ley Lafkenche.
La normativa, que en mayo cumplió nueve años desde que entró en vigencia dando origen a los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPOs), se ha vuelto una piedra en el zapato para la industria acuícola y pesquera, que apunta a que esta frena su desarrollo productivo.
La Tercera PM accedió al informe elaborado entre los participantes de la mesa organizada por el gremio. El documento aspira a solicitar expresamente ajustes a la Ley Nº20.249 (Ley Lafkenche).
El estudio fue elaborado por la Dirección de Socios y Desarrollo Regional de Sofofa en conjunto con la Asociación de la Industria del Salmón de Chile (SalmonChile), Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Chile Transporte, Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile), IndexSalmon y la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes (APSTM).
Si bien en el análisis no cuantifica el impacto total que genera la cuestionada normativa en proyectos de inversión frenados, entrega un valor referencial sobre un conjunto acuícola en la región de Los Lagos, por solicitudes ECMPO. El informe considera una muestra de una zona del barrio costero de Quellón, en la isla de Chiloé, donde se encuentran paralizadas un total de diez concesiones acuícolas, cuyo desarrollo implicaría una inversión total de $3.136.013.824 en una superficie de 121.450 m2.
«Para efectuar el cálculo de la inversión que involucra cada trámite, se recogieron los datos de las tasaciones comerciales practicadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), como los montos de inversión señalados por los titulares dentro del trámite de concesión», sostiene el documento.
El estudio destacó que existen trámites que presentan demoras entre su ingreso y solicitud ECMPO de siete años. Y es que las áreas solicitadas por los pueblos indígenas suman en total 290,72 hectáreas, y la requerida en concesión es de 121.450 m2, lo que equivale a 12 hectáreas, esta última superficie representa un 4,1% del total de la solicitud.
El estudio añadió que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas reveló las solicitudes suspendidas producto de una solicitud ECMPO. Por lo mismo, la mesa logró distinguir las destinaciones vinculadas a Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERBs), para conocer sobre su dimensión e impacto.
De los 17 trámites suspendidos por ECMPO, tres de ellos se ubican o emplazan en la región del Biobío, siete en la región de Los Lagos y siete en la región de Aysén.
Propuestas del estudio
El estudio concluyó con una serie de propuestas que harán llegar a los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Defensa e Interior.
«Ectivamente el diagnóstico da cuenta de cómo los problemas en la ejecución de la ley afectan a los proyectos de inversión y a la actividad económica de zonas costeras. Por ello, se plantean también algunas propuestas relacionadas a establecer, por ejemplo, criterios de admisibilidad para las solicitudes, medidas de gestión para la coordinación intersectorial de los servicios que participan de este proceso y regular las Comisiones Regionales del Uso del Borde Costero. Propuestas y diagnóstico fueron entregados a los ministerios de Hacienda y Economía para su conocimiento y gestión», sostuvo Gonzalo Brahm, director de Socios y Desarrollo Regional de Sofofa.
El informe plantea «constituir una mesa de trabajo para analizar con los diferentes actores del borde costero, y entidades públicas participantes en los procesos ECMPOS». El objetivo apunta a detallar «las dificultades prácticas y vacíos legales, que se han podido apreciar en el tiempo de tramitación de la ley».
Igualmente, el estudio solicita «revisar la Ley Lafkenche y su reglamento, aclarando pasajes oscuros o poco claros. En particular revisar el efecto suspensivo que contempla, criterios para acreditar las superficies afectas a ECMPO y los usos consuetudinarios, y como el efecto suspensivo afecta los derechos de terceros».
El objetivo es que el Ministerio de Desarrollo Social, estamento al cual pertenece la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), pueda «resolver de manera oportuna los recursos de reclamación presentados por comunidades solicitantes».
Entre otros requerimientos que planea el informe se encuentra también, «oficiar a Conadi y al Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de que informen respecto a los criterios que están aplicando para acreditar los usos consuetudinarios».
Sofofa explicó que en las próximas semanas presentará el informe al gobierno a través del Ministerio de Economía.
Presione aquí para leer la nota en su fuente original de La Tercera.